Entre 2010 y 2012 el gasto público que Puebla ejerció aumentó en casi 20 por ciento, al pasar de 54 mil 220 millones a 64 mil 944 millones de pesos. Esto no significó reducción alguna en la marginación y el rezago social, ni menos en sacar de la pobreza a poblanos que la padecen en diversos grados. Por su parte, la inversión de Puebla, en estos dos años, creció de 11 mil 233 millones de pesos a 12 mil 164, lo que representa un aumento mayor de 8 por ciento, cantidad comparativamente alta en formación de capital de otros estados.
El gasto ejercido en Puebla, se equipara en monto al ejercido en los estados de Guanajuato o Hidalgo, y supera al de entidades como Oaxaca, Chihuahua y Sonora, las cuales distan en la mayoría de los casos de ser catalogadas como pobres, o que no vieron aumentar como en nuestro estado su pobreza en estos años.
Ante ello, es evidente la necesidad de extender, profundizar o reorientar las políticas públicas para combatir este problema en la entidad, que los planes contra la pobreza no sean unos cuantos proyectos asistenciales, sino que orientar los proyectos de inversión para que fomenten empleos permanentes y mejor remunerados, para que se detone el mercado interno y exista una mejor distribución de la riqueza. Se requiere de coordinación efectiva entre las instituciones implicadas; de tratar la pobreza siguiendo criterios que involucren a los tres órdenes de gobierno, así como de programas interestatales en municipios colindantes que padecen de un acentuado grado de pobreza.
Es indispensable vincular el problema de la pobreza y de la política social con las estrategias económicas y productivas de las regiones para potenciar las posibilidades de sus habitantes, por pobres que sean. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que “Se necesita una nueva generación de programas contra la pobreza que centren su atención en un crecimiento que beneficie más a los pobres”.
En esta perspectiva, tiene que impulsarse además el fortalecimiento de las políticas sociales; entre las que destaca actualmente la Cruzada Nacional Contra el Hambre, instrumentada por el gobierno federal y dirigida especialmente a los sectores más vulnerables de nuestro país y en el estado de Puebla. Por supuesto, se deben atender las observaciones que hace el CONEVAL y el resto de Instituciones especializadas en esta materia.
El reforzamiento de programas de infraestructura social, del sector salud, de educación, de apoyo a las actividades productivas, así como aquellos con propósitos focalizados como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, debe realizarse canalizando mayores recursos financieros, pero también a partir de impulsar una amplia participación social que coadyuve en la definición, vigilancia y autoevaluación de las políticas públicas. Al respecto existen experiencias exitosas que pueden servir como referencia para el logro de resultados positivos en la ejecución de programas de combate a la pobreza en el estado de Puebla.
Es cierto que los recursos para el combate a la pobreza están centralizados en el presupuesto federal, y que llegan a los municipios con muchos candados para ejercerlos. Es cierto también que a los gobiernos estatales les toca ejercer una pequeña parte de esos recursos, pero tienen margen para integrar políticas públicas que se traduzcan en la canalización de recursos presupuestales a programas sociales de alto impacto.
Un mandato de la Constitución Política Mexicana es que el Estado está obligado a garantizar los derechos sociales elementales a toda la población. Es a través de la Ley General de Desarrollo Social que se establecen los principios de la política social, los derechos sociales y las prioridades del gasto social. Es deber de los gobiernos locales crear condiciones para que la población se incorpore a las actividades productivas y a los mercados laborales, que comiencen a detonar círculos virtuosos entre una mayor capacitación, mayores ingresos y por supuesto superación del círculo de la pobreza intergeneracional.
