Ya en entregas anteriores me he referido al contraste que prevalece entre los informes y el mensaje del gobierno estatal frente a la realidad que viven los habitantes de esta entidad. Veamos ahora qué sucede con dos aspectos fundamentales de las políticas públicas que se aplican en el estado de Puebla.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) mide los alcances de las políticas públicas con efecto cercano a los ciudadanos. Por su parte, el Banco Mundial estudia la percepción ciudadana respecto de los proyectos y las acciones de mejora regulatoria para el establecimiento de negocios. Son dos aspectos diferentes.

El reconocimiento que emite el Banco Mundial a Puebla se refiere a la reducción del tiempo que las personas esperan para obtener respuestas del gobierno al momento de tramitar la apertura de un negocio, el número de días para otorgar permisos de construcción; el tiempo para el registro de propiedades y el cumplimiento de contratos. Esas son mejoras en la gestión burocrática.

No obstante que se han realizado reformas legales para mejorar el ambiente de negocios, el flujo de inversiones va lento, y en consecuencia el empleo y el bienestar de la población no mejora, mucho menos el abatimiento de la pobreza. Ese es un contraste innegable.

Los sacrificios fiscales a favor de algunas empresas se elevan en la entidad, mientras crecen los presupuestos de gobierno para favorecer algunos proyectos de inversión. Recientemente, el gobierno del estado realizó inversiones cuantiosas, supuestamente en beneficio de los habitantes del municipio de San José Chiapa. Estas acciones gubernamentales fueron especialmente percibidas y recibieron en consecuencia prontas e intensas críticas, sobre todo de los propios chiapenses, porque habían sido disfrazadas de apoyo a la comunidad, cuando en realidad fueron concebidas para la construcción de infraestructura en favor de la empresa automotriz Audi que ha anunciado un pronto inicio de actividades.

No es que ofrecer esos incentivos sea condenable en un gobierno; pero otorgarlos en favor de un proyecto de inversión importante es una política de fomento industrial que estaba muy comprometida de parte del gobierno. En todo caso, el monto de la inversión o el hecho de que se ejerza con opacidad en sus fines merece la crítica. Y es comprensible la molestia de los propios habitantes de San José Chiapa.

Más allá de las encuestas de organismos acreditados como lo son el INEGI o el Banco Mundial, la percepción ciudadana sobre la gestión del gobierno del estado parece una lluvia sobre mojado. Recientemente arreciaron las críticas sobre las políticas de protección civil, que tendrían como propósito acciones preventivas para mitigar la presencia de riesgos y auxilio a la población en caso de desastre.

Seguramente la sensibilidad, y en todo caso la percepción ciudadana en este aspecto, es muy alta porque no siempre se han hecho bien las cosas y hemos tenido los poblanos amargas experiencias, no sólo en derrumbes causados por lluvias sino en otras tristes experiencias.

Ya sabemos que las encuestas miden la percepción ciudadana y no los acontecimientos propiamente dichos, pero esa percepción no es ilusión óptica ni ocurrencia de grupo ciudadano alguno, sino que deriva de sucesos reales. De hecho, se dice que en política la percepción suele ser más importante que los hechos mismos.