El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a la Procuraduría General de Justicia de Puebla para solicitar una exhaustiva investigación del desalojo violento del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP) la madrugada del domingo pasado. Posteriormente, la universidad lanzó un comunicado donde explicaba que apoyaron a los estudiantes tras la agresión, además de informar que ya habían cedido espacios para la organización en una preparatoria, pero que los jóvenes lo rechazaron al exigir salones o áreas verdes de la Ciudad Universitaria.

En el comunicado emitido por la BUAP, se explicó que la universidad realizó una mesa de diálogo con el CUEP los días 15, 21 y 28 de enero, llevando a cabo el 4 de febrero una nueva reunión con “la participación del Secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, un delegado de la Secretaría General de Gobierno estatal, un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la notaría pública número 56 para que diera fe de los acuerdos tomados”.

Tras dicha reunión, el 6 de febrero el colectivo presentó el escrito a los representantes de la institución por el que presentaba su propuesta de contenidos para el curso. “Ese mismo día se le entregaron, mediante oficio, las observaciones metodológicas y de contenido que garantizaran su calidad”.

Lo sorprendente aparece cuando la universidad explica que ya habían cedido espacios para el CUEP, concretamente en la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno, garantizando seguridad y espacios funcionales para el propósito académico. “La respuesta de los integrantes del CUEP fue negativa, señalando que sólo aceptaban salones o áreas verdes en Ciudad Universitaria. La posición institucional fue que esto no era posible debido a las actividades que se desarrollan en cada unidad académica”.

Tras esta falta de entendimiento, la BUAP confirmó seguir abierta al diálogo para encontrar la solución que beneficiara a todas las partes implicadas. También afirmaron que tras los sucesos, la institución se compromete a brindar a sus integrantes el apoyo jurídico, médico, psicológico y académico que requieran”.

Atención a estudiantes

En el comunicado, también se detalla que la Oficina del Abogado General recibió la tarea de localizar a los afectados y que la misma Procuraduría informó que “no se había puesto a disposición en ninguna Agencia del Ministerio Público a jóvenes que hubieran estado en el zócalo capitalino”.

Informaron que los jóvenes fueron atendidos gratuitamente en el Hospital Universitario, a pesar de no ser derechohabientes. “Estuvieron presentes abogados de la Oficina del Abogado General de la BUAP, para ofrecerles asistencia jurídica, dando parte al Ministerio Público”.

Ante esta situación, la universidad se mostró contrariada y mostró “rechazo” ante todo tipo de violencia en contra de los miembros de la comunidad universitaria. La BUAP “ha exigido la investigación a fondo de los sucesos y el establecimiento de responsabilidades”.

Finalmente, la institución recordó su compromiso con los estudiantes y su deseo de poder abarcar el mayor número de alumnos dentro de la universidad. “la Universidad realiza esfuerzos permanentes por aumentar la matrícula, ampliando cupos, creando nuevas carreras y centros universitarios regionales”.

Esparza Ortiz fue recibido por el procurador General de Justicia en el Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Además, el rector fue acompañado por altos cargos de la BUAP como René Valdivieso, secretario general; Rosa Isela, abogada general; Manuel Sandoval, Secretario Administativo; Jaime Meneses, director de la Facultad de Medicina; José Ramón Arrazola, director de la Facultad de Físico Matemáticas; Carlos Antonio Moreno, director de la Facultad de Derecho; Israel León O’Farril, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Héctor Rafael Eliosa, director de la Facultad de Biología.