Luego de que el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, fingió demencia en torno al reto que el regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos, lanzó el pasado fin de semana para sumarse a la moda del #IceBuketChallenge, pero con aguas contaminadas de Valsequillo, el cabildante lanzó un nuevo desafío para debatir públicamente sobre los tarifazos que Concesiones Integrales ha implementado por el servicio de agua y las medidas que debe tomar el Cabildo para regular los precios del vital líquido.

“Quiero lanzar directamente el reto al presidente municipal a que podamos abordar este tema de manera pública, a que podamos debatir el tema públicamente, si es necesario en el zócalo de la ciudad para que los poblanos puedan constatar la postura de este Ayuntamiento”, comentó.

Esto luego de denunciar un doble discurso por parte de las autoridades municipales y regidores afines al edil en torno al cuidado del agua, pues criticó que públicamente se digan a favor de garantizar este servicio y sobre la mesa se nieguen a discutir el tema para que el Ayuntamiento regule los costos que actualmente se cobran por un servicio tan básico.

En ese sentido, señaló que los regidores que integran la Comisión de Servicios Públicos que preside, se han ausentado de las últimas dos reuniones para discutir este tema, por lo que se tuvieron que suspender las comisiones por falta de quórum.

La comisión que preside está integrada por los panistas Myriam Arabián, Juan Carlos Espina y Félix Hernández, además de la regidora del PSI, Nadia Navarro Acevedo, quienes se han ausentado de las comisiones para tratar el tema del agua potable.

Explicó que este nuevo reto fue lanzado luego de que Antonio Gali aceptó la invitación de la actriz Sherlyn y el presidente del Panal, Gerardo Islas, para sumarse al #IceBucketChallenge, pero no la que el regidor le lanzó con agua sucia del lago de Valsequillo, como medida de protesta a las condiciones de los ríos y lagos de Puebla, así como el excesivo cobro por un servició de primera necesidad.

Detalló que su postura es que el cabildo asuma la responsabilidad de proponer tarifas justas por el servicio y frenar los cobros exorbitantes que la empresa Concesiones Integrales ha implementado en los últimos meses.