Con la exoneración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso “Lydiagate” en noviembre de 2007,el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, creyó que había enterrado un capítulo bochornoso de su vida pública que lo convirtió en parte del folclor nacional con el apelativo del “Góber precioso”. Pero siete años después del carpetazo, el escándalo revive y ahora está en la mira del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la violación de las garantías de la periodista Lydia Cacho.

La reactivación del escándalo se empata con el regreso del ex gobernador a la vida pública de la entidad, pues hace poco más de un mes inició actividades políticas de manera pública, e incluso ha trascendido que busca competir por una diputación federal en las elecciones del 2015.

El gobierno de Marín (2005-2011) estuvo marcado por la difusión de una conversación telefónica con el empresario libanés Kamel Nacif que lo implicaba en la detención Cacho en diciembre de 2005. 

Cacho denunció una red de pederastia en Cancún, Quintana Roo, que involucraba a Nacif y a otros empresarios y políticos y ante una denuncia por difamación, la periodista fue detenida y trasladada a Puebla supuestamente por instrucción de Marín, pero no alcanzaron los votos de los magistrados para declarar al poblano culpable de haber violado los derechos humanos de la periodista al detenerla y mantenerla incomunicada en diciembre de 2005.

Pero el último capítulo no terminó con la resolución de la corte, pues ayer se dio la presentación de una denuncia contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos al comité correspondiente de la ONU, en Ginebra, Suiza, al que acudió la propia víctima acompañada por el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez. 

La detención

Los problemas de Cacho iniciaron en 2005 con la publicación de su libro Los demonios del edén, texto en el que saca a la luz una red de pornografía infantil que al parecer actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de los estados de Quintana Roo y Puebla.

La escritora señaló directamente a Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la mezclilla”, como uno de los implicados, junto con Jean Succar Kuri. El primero la demandó por difamación, lo que derivó en la aprehensión de la periodista en Cancún, Quintana Roo.

En ese entonces, ella acusó haber sido secuestrada por elementos policiacos de Puebla que la trasladaron de manera ilegal a esta entidad para enfrentar los cargos durante el tiempo en el que era procuradora Blanca Laura Villeda Martínez, conocida como la “Procuradora de hierro”.

De acuerdo con los archivos periodísticos, el 14 de febrero de 2006 el diario La Jornada a través de la periodista Blanche Petrich se dio a conocer una serie de conversaciones telefónicas que revelaron las intenciones de Nacif, en supuesta colaboración con Marín, para actuar en contra de la escritora.

De ahí se originó el apodo del “Góber precioso” y del “héroe de la película”. Como parte de un pago por los favores hechos al empresario, Marín habría recibido dos botellas de coñac, según revelaron los propios audios que fueron difundidos. A partir de esa fecha, Puebla fue la tierra del escándalo.

Dentro de los planes de Nacif estaba que la periodista fuera agredida sexualmente durante su estancia en la cárcel de San Miguel.

Al dejar el penal, Cacho acusó que quien fuera el magistrado presidente en Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, le estableció una excesiva fianza por 70 mil pesos para ser liberada en diciembre de 2005.

La votación de seis a cuatro

Marín ganó parcialmente en noviembre de 2007 en una votación de seis a cuatro, por lo que por mayoría los magistrados determinaron que no hubo ilegalidad por parte del gobernador ante las acusaciones que le imputaban de haber conspirado, junto a otros 29 funcionarios y ex servidores públicos, para atentar contra las garantías de la periodista Lydia Cacho.

''No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa'', dijo esa vez la ministra Olga Sánchez, quien consideró que la acción penal por difamación contra la periodista se desarrolló en términos legales.

Cabe citar que la única persona en prisión relacionada con este caso es Jean Succar Kuri, quien fue condenado a 112 años de prisión por pornografía infantil y corrupción de menores.

Ahora se abrió un nuevo capítulo en el que hay que esperar para saber el destino de Marín.