El ex candidato a la gubernatura, Javier López Zavala, el subsecretario federal Juan Carlos Lastiri Quirós y el delegado federal de la Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet, podrían estar implicados en el presunto desvío millonario que la Contraloría del estado detectó de 2008 a 2010 en la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedeso) a través del programa Unidos para Progresar, el plan antipobreza de la administración de Mario Marín Torres (2005-2011), pues ellos ocuparon por temporadas la titularidad de la dependencia.
De acuerdo con un acta circunstanciada que fue filtrada al periódico El Sol de Puebla, durante ese periodo se falsificaron firmas, facturas y expedientes completos para justificar la inversión de 800 millones de pesos, aunque el diario no los citó en su reporte e implica a otros ex funcionarios del sexenio pasado como supuestos responsables, como el ex vocero y secretario de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, Valentín Meneses; quien fue contralor en la administración pasada, Víctor Sánchez Ruiz; el ex titular de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, entre otros.
Dentro del tiempo que se marca que se encontraron irregularidades, alcanza tanto al hoy subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri, al diputado federal Javier López Zavala y a Juan Manuel Vega Rayet.
Todos los que podrían ser investigados y sancionados por su responsabilidad en el desvío de fondos, ocupan actualmente un cargo público.
Beneficiarios denunciaron
Según información del medio, la Contraloría estatal que actualmente encabeza Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, dentro de las investigaciones que se han realizado, fueron consultados por la dependencia beneficiarios de Unidos para Progresar, quienes presuntamente dieron cuenta de que nunca recibieron los apoyos reportados dentro de los archivos de entrega-recepción.
De 2006 —cuando fue creado el programa antipobreza de Marín— a 2008 ocupó la titularidad de la Sedeso Alejandro Armenta Mier, quien dejó el cargo para tomar la dirigencia estatal del PRI y en su lugar quedó Javier López Zavala.
Zavala compitió en 2010 por la gubernatura del estado como contrincante del hoy mandatario Rafael Moreno Valle.
El oriundo de Pijijiapan, Chiapas, dirigió la Secretaría de Desarrollo Social hasta 2009, y trascendió que estuvo en el cargo para operar su campaña.
En 2008, según uno de los ejemplos de mal uso de los recursos públicos que cita el medio, un acuerdo de la Secretaría de Finanzas que encabezaba Gerardo Pérez Salazar simuló una ampliación por 10 millones de pesos en favor del programa, pero no se demostró en qué fueron ocupados.
En 2009 se destinaron 43 mil pesos para pintura, guarniciones y banquetas en San Miguel Canoa, pero la indagación demostró que esos apoyos nunca llegaron a las personas que fueron citadas en los documentos.
Cuando López Zavala dejó el cargo para hacer campaña, en su lugar fue designado Juan Carlos Lastiri Quirós, quien renunció en noviembre de 2010 tras nueve meses en el cargo para también buscar la dirigencia del tricolor, mientras que en el último periodo del sexenio de Marín, frente a la Sedeso estuvo el hoy delegado de dicha secretaría a nivel federal en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet.
Mismos señalamientos
El mismo señalamiento pero por una cantidad de 50 millones de pesos fue filtrado al periódico de circulación nacional Reforma en febrero de 2012,cuando dio a conocer que desde la Sedeso se falsificaron firmas, facturas y fotografías para justificar la inversión de esa cantidad en los años 2009 y 2010 vía el programa Unidos para Progresar.
“La dependencia estatal, que en esos años estuvo a cargo de Javier López Zavala y de Juan Carlos Lastiri Quirós, no sólo incorporó a ciudadanos sin su consentimiento, sino que falsificó sus firmas para validar las cartas de aceptación de la obra, el reporte de su ejecución y la erogación del dinero”, reportó en esa ocasión el medio nacional.
Al expediente de 180 páginas que según el periódico tuvo acceso, también dio cuenta de que se reportaron falsos proveedores, “empresas y registros de contribuyentes aparentemente falsos fueron utilizados para comprobar gastos en más de 30 expedientes del programa Unidos para Progresar”.
Hasta el momento, contra el único que ha actuado el gobierno es con quien fue secretario de Salud, Alfredo Arango García, por enriquecimiento ilícito, encarcelado el 12 de enero de 2012, pero que en diciembre de 2013 recuperó su libertad por ser “primo delincuente” (una persona que entra por primera vez a la cárcel).
