El consejero jurídico del gobierno poblano, José Montiel Rodríguez, reveló en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen más órdenes de aprehensión por el caso Chalchihuapan, aunque no especificó si son en contra de pobladores o de los policías estatales que intervinieron en el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, que dejó como saldo la muerte del menor José Luis Tehuatlie y decenas de heridos entre manifestantes y uniformados.

Montiel Rodríguez y el fiscal especial para el caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, se integraron a la delegación del gobierno de México que viajó a Washigton DC para participar en la audiencia Derechos humanos y protesta social en México, ante los integrantes de la CIDH.

En la audiencia, organizaciones en pro de los derechos humanos mexicanas como Artículo 19, Fundar México, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia llevaron, entre otros casos, el de Chalchihuapan y la detención reciente de pobladores de dicha junta auxiliar, así como los de Iguala y Tlatlaya.

José Montiel calificó el desalojo violento como un hecho “lamentabilísimo, lamentabilísimo” y aseguró que en Puebla son verdaderamente excepcionales. “Esta clase de acontecimientos no son la regla. Tenemos la perspectiva de que hechos de esa naturaleza de ninguna manera se vuelvan a repetir. De ninguna manera”, dijo.

El funcionario morenovallista asumió la paternidad de la Ley que Protege los Derechos Humanos y Regula el Uso de la Fuerza, conocida como Ley Bala y aseguró que las acciones policiacas del 9 de julio violaron dicho ordenamiento, y así lo asentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 02/VG/2014. Precisó que la norma no fue hecha para reglamentar manifestaciones, pues en esta se regula la actuación de las fuerzas policiacas en todas las acciones que realizan, incluso en desalojos por emergencias.

No se aceptó, se “transitó” con la recomendación

Dijo que el gobierno poblano ha tenido que “transitar” con la recomendación de la CNDH pues al aceptar, se convirtió en vinculatoria y que prueba de ello es la detención que se hizo de policías y mandos, así como de pobladores de Chalchihuapan. “Hay ciertas hipótesis que sostiene la recomendación que no son compatibles con las nuestras (…) La recomendación tiene expresamente líneas donde se llama para se investigue de los delitos cometidos por diversos manifestantes. Procesos y averiguaciones contra policías de todos los mandos y contra manifestantes”.

Montiel Rodríguez dijo también que están abiertos a hacer los ajustes necesarios a la Ley Bala en la medida que lo vaya analizando el Congreso local: “por eso tenemos estos procesos de revisión del ordenamiento. Si tiene que seguir existiendo, que sea útil y funcional”.