El PRI en Puebla cerró filas en torno a la figura de la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, por la crisis de seguridad por la que atraviesa la segunda ciudad más importante del estado, y responsabilizó directamente al gobernador Rafael Moreno Valle por la ejecución del empresario José Manuel Herrero Arandia y de su esposa María Cristina Carvajal Argudín, luego de que la alcaldesa priista no ha dicho una sola palabra de la muerte de la pareja.

A través de un comunicado de prensa firmado por el Comité Directivo Estatal que encabeza Ana Isabel Allende Cano, el partido tricolor culpó a la administración morenovallista por la inseguridad en la entidad poblana, pues argumentó que aunado al asesinato de Herrero Arandia y de su esposa; se han presentado en el estado 123 feminicidios, 50 desapariciones forzadas, 266 homicidios dolosos, y 29 secuestros, en lo que va del sexenio panista.

La dirigencia estatal del tricolor dio la cara por Fernández Lara, quien ha callado tras la muerte del empresario, y sentenció que estos hechos se han propiciado por la falta de coordinación de Moreno Valle con los presidentes municipales emanados del Revolucionario Institucional y de otros partidos de oposición, por lo que le exigieron trabajar de manera conjunta “para garantizar la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones”.

“A raíz del último hecho de violencia, donde lamentablemente perdió la vida el empresario José Manuel Herrero Arandia (hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex senador de la República) y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, hacemos un llamado al gobierno del estado de Puebla para que garantice la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos respetando su autonomía”.

Además, la postura oficial del partido respaldó el punto de acuerdo presentado ayer por la diputada federal del Distrito XV de Tehuacan, María del Carmen García de la Cadena Romero, para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de Manuel Herrero Arandia.

El miércoles, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó que los homicidas de Herrero Arandia y su esposa fueron directamente a balearlos, con lo que se tiene descartado robo o secuestro en las líneas de investigación que sigue para el esclarecimiento del móvil del asesinato.

Comunicado:

Hoy en Puebla estamos preocupados porque vemos como han ido aumentando de manera significativa los índices de violencia en todo el estado, datos periodísticos dan cuenta de al menos 50 personas (40 hombres y 10 mujeres) que han sido ejecutadas, decapitadas, estranguladas, “entambadas” o calcinadas en los últimos meses; que se han cometido 266 homicidios dolosos, 29 secuestros, 140 casos de extorsión, 268 robos de vehículos con violencia y se reportan 123 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal.

Estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen y la violencia sigue presente en muchas de sus comunidades sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables.

A raíz del último hecho de violencia, donde lamentablemente perdió la vida el empresario José Manuel Herrero Arandia (hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex Senador de la República) y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, hacemos un llamado al gobierno del estado de Puebla para que garantice la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos respetando su autonomía.

Asimismo, solicitamos de la manera más atenta que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de Herrero Arandia y Carvajal Argudín a fin de garantizar que este acto no quede en la impunidad como ha pasado en diversas ocasiones.

Estamos conscientes que este suceso no debe ser aprovechado para lucrar políticamente y que nadie tiene derecho a utilizar como pretexto estas ejecuciones para cobrar revanchas políticas ni obtener beneficios personales.Atentamente

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL