El contralor estatal, Malcolm Hemmer Muñoz dejó en claro que iniciará procedimientos administrativos en contra de funcionarios públicos en caso de que no se solventen las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2013.

En entrevista sobre el tema, aseguró que la semana pasada se reunió con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Roberto Moya Clemente, con el fin de determinar cómo justificar el destino de los recursos, y recordó que el gobierno local tiene 45 días para ello.

“Todavía tienen ese plazo (45 días) para poder dar información adicional, que se aclare, en el caso que no se solvente en su momento, se tendrán que hacer los reintegros y podamos empezar con los procedimientos administrativos”, comentó.

Cabe recordar que la Auditoría requirió a Puebla esclarecer un total de 649.2 millones de pesos como resultado de la revisión de la cuenta pública 2013, cantidad de la que el organismo ya recuperó 232.8 millones, aunque están pendientes por aclarar 413.8 millones de pesos.

El funcionario también justificó el hecho de que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha recibido un mayor número de observaciones que su antecesor Mario Marín Torres (2005-2011) al indicar que al primero le han aplicado 23 auditorías y al priista únicamente nueve.

“En la época de (Mario) Marín Torres se hicieron nueve auditorías y a nosotros nos hicieron 23, no es lo mismo en cuestión de montos, en cuestión de número de auditorías, en cuestión de capacidad o alcances, es totalmente diferente. No son comparables”, comentó en entrevista al asistir al Cuarto Informe de Labores de la presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF) Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Presume titular de la SEP que salió “limpio”

En la entrevista, Hemmer Muñoz destacó que “algunos de los montos que observamos, el de 300 millones que traemos con SEP es cuestión de criterio. Para la Secretaría de Finanzas, y yo coincido con ello, el gasto estaba devengado, pero para la Auditoría Superior no necesariamente”, abundó el contralor.

Cabe citar que la Auditoría señaló un probable daño o perjuicioa la hacienda pública federal por 300.6 millones de pesos en los subsidios destinados para Centros de Educación, por lo que ordenó su recuperación.

Y si bien fueron solventadas, exhibió que 105 maestros adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 23 recibieron pagos, improcedentes con el FAEB por un monto de 43 millones 139 mil pesos durante todo el 2013, aunque en la página de transparencia dichas comisiones aparece “sin goce de sueldo”.

Y por este hecho, la SEP tuvo que presentar documentación para aclarar un importe de 4 millones 420 mil pesos, y reintegrar al FAEB 39 millones 96 mil pesos, más los intereses por 938 mil pesos, además de iniciar un procedimiento administrativo ante la contraloría para castigar al responsable.

Sobre ello, en otra entrevista, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez, presumió que al final salió “limpio” en los fondos ejercidos.

“Fueron observaciones que se hicieron durante la auditoría, mismas que no fueron consolidadas como observación, afortunadamente el dictamen que se aplicó a la SEP es un dictamen limpio”, destacó recomendando a los trabajadores de los medios de comunicación revisar mejor los documentos de las observaciones.