El gobierno morenovallista decidió estrenar la “ley Eukid”, el procedimiento expedito de expropiación sin audiencia, con un predio de 747 hectáreas conocido como ex hacienda de San Antonio Tamariz, ubicada en el municipio de Nopalucan, propiedad de la familia Maurer, para la construcción del Parque Industrial Audi San José Chiapa.

El decreto de expropiación y declaratoria de utilidad pública fue expedido con fecha de 31 de marzo y se fundamenta en el artículo 5 bis de la Ley de Expropiación del Estado de Puebla recientemente reformado a petición del panista Eukid Castañón Herrera para eliminar la garantía de audiencia a los propietarios al justificar un caso de urgencia para obra pública.

La expropiación de la hacienda Tamariz tomó por sorpresa al empresario Emilio Maurer, quien entrevistado por esta casa editorial afirmó que después de analizar la estrategia jurídica de defensa realizará declaraciones al respecto, además de revelar que ni él ni sus familiares fueron notificados del despojo.

El gobierno estatal pretende pagar como máximo 191 millones de pesos y 38 millones como mínimo por el predio de 7 millones 479 mil 381 metros cuadrados, al valuar el predio en su valor catastral de acuerdo con la Ley de Ingresos del municipio de Nopalucan. Al monto que destinará la administración de Rafael Moreno Valle se le sumará otro monto por la construcción que será evaluada por peritos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

De acuerdo con el decreto de expropiación se instruye a la SFA a cargo de Roberto Moya Clemente así como a la Secretaría General de Gobierno a ocupar de inmediato el terreno que se ubica por donde pasará la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, mejor conocida como Audi.

El decreto expropiatorio

De acuerdo con el decreto expropiatorio, la suspensión de la audiencia para la familia Maurer se fundamenta en los artículos 5 y 5 bis de la ley de expropiación, mismo que señalan que el derecho de audiencia está sujeto a “una serie de excepciones al respecto, es decir, establece cuando puede prescindirse del procedimiento ordinario. Esas excepciones surgen cuando la causa de utilidad pública se fija en las fracciones I, II VI, XII y XIV del articulo 2 de la ley de expropiación”.

Asimismo, se menciona que la autoridad expropiante (el gobierno del estado) puede emitir la declaratoria de utilidad pública y decretar la expropiación, sin tener que aplicar lo que establece las fracciones III a VII del artículo 5 de la ley en la materia, las cuales contiene el otorgamiento de la audiencia del afectado.

Incluso, en caso de que la familia Maurer se niegue a abandonar la ex hacienda Tamariz, el decreto de expropiación en su artículo séptimo señala que, tanto la SFA como la SGG pueden solicitar la intervención de la fuerza pública para el desalojo.

Expropian por Audi

La posesión del estado de los lotes 1, 3, 4, 8, 9 y 10, de los en que se dividió la ex hacienda de San Antonio Tamariz, municipio de Nopalucan, distrito judicial de Tepeaca de Puebla; propiedad de Emilio Maurer y hermanos se justifica por el desarrollo económico que se detonará en la zona por la construcción de la planta armadora de autos de lujo Audi.

De acuerdo con la publicación oficial, “la base del desarrollo económico contempla la apertura de calles, el establecimiento de infraestructura y la ampliación de los servicios públicos que faciliten la instalación de industrias o empresas generadoras de nuevas fuentes de empleo (…) incluso el desarrollo de energía por métodos sustentables”.

En septiembre de 2012, los diputados locales de la LVIII Legislatura aprobaron condonar por 12 años el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la empresa Audi y a las que se instalen del ramo automotriz en la región de San José Chiapa, así como donar 460 hectáreas de terreno a la firma alemana para la construcción de su planta armadora, el cual ahora se conoce es el terreno de la familia Maurer.

Además, en la segunda semana de marzo los actuales legisladores aprobaron la Ley de Expropiación del Estado de Puebla, a través de la cual se elimina la garantía de audiencia para los propietarios de los inmuebles cuando el gobierno del estado pretenda realizar obra pública, preservar el equilibrio ecológico o garantizar la aplicación de un servicio, en una especia de procedimiento exprés.