Sin informar los términos financieros y plazos de duración de la concesión, el gobierno morenovallista oficializó la entrega de la operación, distribución y cobra del agua potable al consorcio de empresas liderado por Agua de México. Sin embargo, tal como lo adelantó CAMBIO, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla no desaparecerá y será “un activo del gobierno”, el cual tendrá la relación directa con la Comisión Nacional del Agua para recibir un subsidio de 700 millones de pesos de la Federación.
Mediante un boletín, el gobierno estatal también confirmó que el consorcio que se adjudicó la concesión realizó una recontratación de los mil 200 trabajadores del SOAPAP que previamente fueron liquidados del organismo paramunicipal.
En el mismo boletín el gobierno afirma que “el particular aportará los recursos necesarios para modernizar la infraestructura y equipamiento sin alterar las tarifas actuales aprobadas por el Congreso local” sin especificar los términos, aunque trascendió que pagó mil 400 millones de pesos y en los próximo cinco años deberá liquidar otros 3 mil 800 millones en inversiones en infraestructura.
“Como parte de la transición y para garantizar la certidumbre laboral en el sistema y su operación, todos los trabajadores recibieron su liquidación con base en la ley y fueron recontratados por el consorcio, manteniendo sueldos y prestaciones similares a las que tenían en el SOAPAP”, expone el boletín enviado por el área de comunicación social.
“Con la concesión de los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales, el particular aportará los recursos necesarios para modernizar la infraestructura y equipamiento sin alterar las tarifas actuales aprobadas por el Congreso local”.
Esta casa editorial publicó en su edición del 16 de abril que Concesiones Integrales se comprometió a destinar 3 mil 800 millones de pesos en infraestructura por los próximos cinco años, acuerdo que está estipulado en el contrato firmado con el gobierno estatal.
Una vez que concluya este periodo, la empresa que ofrecerá el servicio de agua potable, drenaje y alcantarilladlo, destinarán el 10 por ciento de sus ingresos anuales totales para trabajos de infraestructura, así como el 5 por ciento al gobierno del estado.
“La inversión que haga el consorcio evitará que el SOAPAP registre los niveles de déficit que reportaron administraciones anteriores”, se agregó en el documento.
La opacidad
Esta fue la principal característica del proceso de concesión del servicio de agua en Puebla, luego de que el 12 de septiembre del año pasado el Congreso realizó modificaciones a la ley del agua para dar paso a que el gobierno entregará el control a empresas privadas.
El 12 de diciembre fue la fecha que se marcó para dar el fallo sobre la firma ganadora. Sin embargo, el anuncio se aplazó debido a que las empresas pidieron más tiempo para presentar su propuesta técnica.
En total participaron 12 empresas nacionales e internacionales para hacerse del servicio, entre las que destacaron Acciona, Aguas de Barcelona, Inassa y Aguas de México. Esta última conforme una asociación con las empresas Epcor y Ticsa, y ganaron el concurso.
La fecha programada para que el consorcio Concesiones Integrales iniciara operaciones fue el 16 de abril, pero se prorrogó debido a que no pagaron a tiempo la contraprestación de mil 400 millones de pesos y solicitaron un crédito puente para cubrirlo.
El contrato firmado estipulaba un mes más para que las empresas cumplieran su parte, lo cual se llevó a cabo esta semana y de inmediato inició la liquidación y recontratación de trabajadores del SOAPAP.
