Con una de las administraciones más grises y turbias en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano rendirá su cuarto informe de labores y buscará esta semana reelegirse como magistrado presidente con todo y el lastre de corrupción, falta de jueces y cuestionados resolutivos que ha dejado varios casos en el ‘ojo del huracán’ como la liberación de policías vinculados con el robo de combustible, entre otros ilícitos.

Aunque el cambio de gobierno ha puesto en duda su continuidad al frente del TSJ y aún más con la llegada de Héctor Sánchez Sánchez, allegado del gobernador Antonio Gali, Flores Toledano confía en su reelección con el apoyo de los magistrados morenovallistas a quienes les ha tolerado abusos durante su gestión, por lo que espera ser electo ahora por un periodo de 4 años.

Con el 40 por ciento de jueces opera el NSJP

La aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es uno de los principales yerros de Flores Toledano a pesar que desde su nombramiento como magistrado presidente ya se empezaba a operar este sistema, por lo que su implementación en todo el estado apenas cuenta con el 40 por ciento de los jueces en posibilidades de llevar casos en la modalidad oral.

Al entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en Puebla, sólo iniciaron operaciones 12 jueces de oralidad de una meta de 30 que se tenía; convirtiendo a la entidad en uno de los siete estados que mostraron rezagos, principalmente en capacitación de jueces, abogados y policías.

Hereda imagen de corrupción al TSJ

En datos duros Flores Toledano también heredó una imagen negativa al TSJ que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se refleja en una percepción de corrupción por parte de 7 de cada 10 poblanos, convirtiendo el organismo a su cargo en uno de los menos confiables.

Mientras que la media nacional en estos indicadores les da a los jueces y magistrados una percepción de corrupción del 66 por ciento, en Puebla la estadística señala que el 72.5 por ciento cree que los miembros del Poder Judicial local son corruptos.

Casos de alta prioridad se le salen de las manos

La falta de capacitación de los jueces de oralidad y magistrados en el Sistema de Justicia Penal acusatorio ha quedado manifiesta en casos de alta prioridad donde los fallos han beneficiado según la opinión pública, a la impunidad mediante la liberación de personas que identificadas como responsables de algún delito.

Entre los casos más recientes que arrastra el TSJ con Flores Toledano se encuentra la liberación de seis policías de Amozoc y dos civiles detenidos por presuntamente dar protección a chupaductos en la región, aún sin ser procesados pese a que su defensa jamás demostrara su inocencia.

Aunque la audiencia inicial no requería que el agente del ministerio público exhibiera pruebas irrefutables de su participación, el juez Lucio León Mata argumentó errores de sintaxis y de integración de la carpeta de investigación a fin de dar carpetazo al caso que para Flores Toledano no tuvo errores de acuerdo con el fallo emitido.

Las pifias continuaron apenas la semana pasada cuando el juez segundo de Distrito falló a favor de Ángel de Jesús Carrasco en el caso de secuestro agravado y homicidio en perjuicio de la joven universitaria de 19 años, Isarve Cano Vargas, dejando en libertad al joven señalado como autor intelectual del crimen.

Aunque el amparo concedido a Ángel de Jesús se dio desde marzo del año pasado, el juez no comprobó elementos para emitir un nuevo auto de formal prisión, otorgando la libertad al joven originario de Tehuacán que para evitar su reaprehensión ante el anuncio de apelación por parte de la Fiscalía, abandonó el estado.

Casos inconclusos y sin sentencias

En los pendientes que mantiene el sistema de justicia que no se han logrado solucionar durante su administración, se encuentra el feminicidio de Karla López Albert, donde su presunto agresor, Manuel Forcelledo Nader continúa en prisión pero sin recibir sentencia condenatoria por el delito.

En el mismo tenor está el caso de José María ‘Chema’ Sosa Álvarez, presunto asesino de Paulina Camargo, que si bien mantiene una batalla legal por demostrar su inocencia ante la falta de un cuerpo del delito que compruebe que es responsable de privarla de la vida, el juez a cargo de su caso ha hecho caso omiso tanto a los amparos ganados como a otros recursos debido a ‘intereses externos’.

Destituciones ilegales

Flores Toledano tiene un resolutivo pendiente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que durante su administración se ha negado a restituir al juez penal de Teziutlán, Enrique Romero Razo, expulsado del TSJ desde 2011 e ignorado por el actual magistrado presidente.

De acuerdo con información revelada por CAMBIO, esta semana, en vísperas de su reelección, Roberto Flores Toledano deberá restituirlo y además pagar los salarios caídos al magistrado Romero Razo.