PRIMERA DE DOS PARTES

De forma arbitraria y discrecional, Karina Pérez Popoca hace negocio con empresarios inmobiliarios y familiares al autorizar condonaciones de impuestos, derechos y licencias de construcción sin autorización del Cabildo ni fundamento legal. Tales condonaciones violan la Constitución General de la República, así como diversos ordenamientos legales.

Sin facultades legales para ello, la alcaldesa de San Andrés Cholula negocia la condonación de derechos establecidos en la Ley de Ingresos de ese municipio a cambio de retribuciones en efectivo, también conocidos como ‘moches’, que no ingresan al erario del municipio.

En poder de CAMBIO se encuentran documentos oficiales en los que la alcaldesa Pérez Popoca dictamina esas condonaciones, que van del 10 al 100 %, sin establecer ningún fundamento legal o determinación del Cabildo de ese municipio, lo cual puede constituir varios delitos.

De acuerdo con el oficio OP44419 de fecha 13 de mayo de 2019 dirigido a Moisés Coyotl Cuaya, Karina Pérez Popoca otorga una condonación del 75 % en favor de Sebastián Francisco Amaxal Toribio, tío de su esposo Javier Amaxal, estableciendo como único argumento “por la facultad que poseo como Presidenta Municipal Constitucional”, sin fundar ni motivar ningún ordenamiento legal.

La exención se trata sobre una licencia de construcción del ticket 1508167, así como de la sanción derivada del citatorio SDUS/DJ/SC/180/2019, sin saber el monto de lo condonado, así como de la obra en cuestión ni de los metros cuadrados a construir, por lo que es imposible cuantificar el monto del daño al erario.

Conforme al oficio OP37119 de fecha 15 de abril de 2019, la presidenta municipal de San Andrés Cholula realiza una doble condonación. Primero autoriza la quita al 100 % en favor de Angélica Zamora Tototzintle respecto al pago de licencia de construcción de locales comerciales de dos niveles por 660 metros cuadrados, y en el mismo acto le vuelve a condonar 84 mil 201 pesos de los restantes 150 metros de construcción pendiente sobre los mismos locales.

De esa forma y citando como único fundamento legal “la facultad que poseo como Presidenta Municipal Constitucional”, liberó al 100 % la licencia de construcción por 660 metros cuadrados en favor de Angélica Zamora Totozintle y de otros 150 metros cuadrados restantes, que equivaldrían a 115 mil 915 pesos, por lo que sólo terminó pagando 31 mil 714, con lo que miles de pesos dejaron de ingresar a la Tesorería municipal.

Una condonación más se realizó mediante el oficio OP13519 signado por la misma alcaldesa Karina Pérez Popoca con fecha 30 de enero de 2019 y dirigido a Moisés Coyotl Cuaya, secretario de Desarrollo Urbano, para comunicarle la exención del 30 % de descuento en el pago de derechos por inserción fiscal equivalente a un monto de 81 mil 78 pesos, pero ni siquiera establece al beneficiario y únicamente remite un escrito para el debido trámite.

En ese oficio, la alcaldesa ni siquiera se dignó citar su “facultad que poseo como Presidenta Municipal Constitucional”.

Asimismo, con el Oficio OP41619 la alcaldesa de San Andrés Cholula remite a su titular de Desarrollo Urbano Sustentable la autorización para el pago correspondiente a la sanción denominada “terminación y continuación de obra” del ticket 1498365 a nombre del C. Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo, a quien autoriza el 10 % de condonación.

En el oficio signado el 04 de mayo de 2019 la alcaldesa no señala el monto específico de la condonación, pero una vez más establece como fundamento legal “la facultad que poseo como Presidenta Municipal Constitucional”.

Condonaciones discrecionales en montos, obras y beneficiarios

De acuerdo con los oficios en poder de CAMBIO, la alcaldesa Fabiola Pérez Popoca otorgó condonaciones de forma arbitraria y discrecional en el porcentaje sin mediar argumento legal, pero tampoco justificación del beneficio.

En el oficio OP44419 lo hizo respecto de una licencia de construcción, así como de la sanción derivada por el citatorio SDUS/DJ/SC/180/2019. No hay argumento del porqué otorgó el 75 %, ni monto económico equivalente, ni siquiera de la obra que refiere la licencia.

En el oficio OP37119 existe una doble condonación. La primera al 100 % por una licencia de construcción de locales comerciales por 660 metros cuadrados y la segunda sobre 150 metros cuadrados restantes, por la que tendrían que pagarse 115 mil 915 pesos, del que se condonan 84 mil 21 y a la Tesorería ingresarán únicamente 31 mil 714 pesos por una construcción de 810 metros cuadrados en total.

¿Por qué la alcaldesa decidió beneficiar así a la C. Angélica Zamora Tototzintle con una condonación al 100 %? El documento no lo señala.

En el caso del oficio OP13519, la exención versa sobre una “inserción fiscal” de la que se condona el 30 %, equivalente a 81 mil 78 pesos, sin conocerse el beneficiario ni el motivo, mucho menos algún tipo de justificación sobre ese porcentaje.

En el caso del oficio OP41619, se condona sobre una sanción denominada “terminación y continuación de obra”, emitida por el propio Ayuntamiento. En ese caso sólo autorizó el 10 % de esa sanción, pero no se señala el porqué.

Condonaciones de impuestos quedaron prohibidas en la Constitución

Como uno de los principios de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma constitucional para evitar las condonaciones de impuestos en todos los niveles de gobierno luego de décadas de abusos en favor de grandes empresarios.

Mediante un decreto publicado el 6 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal determinó reformar el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir la condonación de impuestos, además de los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos que ya se contemplaban en dicha norma constitucional.

En el segundo artículo transitorio del Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, se establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del propio Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo.

Es decir, la alcaldesa Karina Pérez Popoca carece de facultades legales para condonar impuestos, ya que correspondería al Congreso del Estado emitir un lineamiento general a través de la Ley de Ingresos de ese municipio, por lo que los oficios en cuestión constituyen un quebranto al erario público del que podrían derivarse diversos delitos.