Además de las imágenes cruzando la calle para acudir presuroso a acuerdos con el presidente de la República, el ministro Lelo perdió la batalla por su reelección y está siendo derrotado en la guerra para relevar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por si fuera poco, al ministro Lelo se le debe acreditar también la derrota de la consulta convocada para enjuiciar a cinco ex presidentes de la República porque fue el responsable de la pregunta ‘cantinflesca’ que careció de sentido original y que no sedujo a la ciudadanía para ir a votar.
En este sentido, la derrota de la consulta fue consecuencia de la propuesta del ministro Lelo de utilizar la oportunidad para comenzar a edificar una democracia participativa vía el involucramiento ciudadano con mecanismos de consulta. Ante el dictamen del ministro Luis María Aguilar de que la pregunta original involucrando nombres de ex presidentes era un “concierto de inconstitucionalidades”, al ministro presidente se le ocurrió mezclar la rigidez del derecho con la democracia participativa en una pregunta que desvirtuaba el sentido original del enfoque presidencial y trataba sólo de complacer su relación con el Ejecutivo.
El tema de la extensión del mandato del presidente de la corte dos años más para impulsar la reforma del Poder Judicial en el entendido de que el ministro Lelo era el “único” con capacidad para la reorganización también fue una derrota severa, no sólo para sus intenciones personales de seguir como presidente de la Corte más allá de lo que señala la Constitución, sino en el ambiente que se construyó para replicar esa decisión en el mandato presidencial sexenal.
Desde el momento en que se oficializó la solicitud con una reforma irregular del legislativo, el debate en torno a la extensión del mandato del ministro presidente de la Corte fue dominado por señalamientos de que se trataba de una violación constitucional al estilo de Porfirio Díaz. El ministro Lelo tuvo la oportunidad de rechazar desde el principio la intentona de reelección forzada, pero coqueteó con la oportunidad de obtener los votos de sus compañeros ministros para violentar un mandato constitucional por voluntad particular de quienes tienen la tarea precisa de proteger el cumplimiento estricto ilegal de la Constitución.
En el umbral de una votación que iba a ser contraria y que lo iba a exhibir con el repudio de sus compañeros de la corte, el ministro Lelo se adelantó y declinó la reforma que lo quería mantener en la presidencia del Poder Judicial.
La tercera y última derrota, hasta ahora, del ministro Lelo fue su involucramiento irregular en la crisis administrativa al interior del Tribunal Electoral por una rebelión de cinco magistrados –de siete– contra el presidente en turno, José Luis Vargas Valdez, para destituirlo del cargo por irregularidades evidentes. El Tribunal es un organismo con autonomía absoluta y la Corte carece de funciones reales para involucrarse en conflictos administrativos.
El viernes pasado, el presidente de la Junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, envió al ministro Lelo una carta puntual y pulcra de seis páginas a renglón seguido para explicarle al responsable de la vigilancia constitucional que la Constitución establece reglas que impiden que la Corte se involucre en el problema del Tribunal. La tesis del senador Monreal en los hechos acepta la argumentación del magistrado Vargas Valdez para permanecer en el cargo de presidente, lo que implicó un regaño severo al ministro Lelo por no entender las reglas constitucionales.
Aunque termina su gestión como presidente de la corte el próximo año, el ministro Lelo perdió autoridad política, moral y jurídica para mantener el cargo de esa presidencia un año más y para seguir votando como ministro hasta finales del 2024.
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