Todas las guerras terminan siempre en tremendos bacanales en los cuales los países vencedores establecen las condiciones para que la paz --es decir, su paz-- perdure: los de la Guerra de los Treinta años celebraron en Westfalia; los de la Guerra de Sucesión española, en Utrecht; los de las Guerras napoleónicas, en el Lollapalooza de Viena, donde al ritmo de las teclas de Beethoven, resolvieron borrar de los anales, la Revolución Francesa. Igualmente, casi al final de las Guerras mundiales, sus casi vencedores llevaron a cabo una serie de reuniones con la finalidad de tejer una red de instituciones supranacionales que frustrara las ambiciones de los Estados, cosa, por cierto, muy popperiana.
En la de Dumbarton Oaks, a las afueras de Washington, en 1944, los representantes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, del Reino Unido, de Francia y de China concibieron la institución más poderosa de su tipo: el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la única dependencia de ésta cuyas resoluciones son vinculantes, sirviéndose para ello de la aplicación de sanciones, del despliegue de fuerzas de paz o del uso de la fuerza bruta. Los llamados P5, por supuesto, se reservaron para sí asientos permanentes en el Consejo y acordaron que para que sus resoluciones fueran aprobadas deberían estar de acuerdo los cinco, lo que en la práctica implicaría que individualmente tendrían una suerte de derecho de veto.
Originalmente, el mal llamado derecho de veto se diseñó como un mecanismo no solo para asegurar los derechos soberanos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino para garantizar la estabilidad mundial; a fin de evitar un enfrentamiento entre sí que pudiera conducir al mundo a otra gran guerra. Aquellos, podrían ejercer tal facultad siempre que sus intereses nacionales estuvieran amenazados. Más que el consenso, pues, sería el disenso el que serviría como un instrumento, a saber, eficiente, de equilibro de poder.
Históricamente, sin embargo, aquellos han repartido vetos como larines, lo cual ha llevado al estancamiento, a la parálisis y, lógicamente, a la incapacidad del Consejo para atender los conflictos cotidianos. Quizá, ninguno haya provocado un daño tan evidente como los que últimamente han repartido Rusia y China con respecto a Siria: a fin de prevalecer militarmente, Putin y Xi han bloqueado una docena de resoluciones concernientes a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de su amiguete al-Ássad. Esta táctica ha imposibilitado una solución política a la Guerra civil siria, ha dilatado el conflicto y contribuido enormemente a la destrucción de la infraestructura crítica del país y al sufrimiento de sus habitantes.
Con el ruido de fondo de una crisis humanitaria que a lo mejor hubiéramos podido evitarnos, a fin de fortalecer al Consejo de Seguridad, sería oportuno, opino, retomar la propuesta de México y Francia de limitar los vetos de sus miembros permanentes, inhibiendo que los utilicen en situaciones en las que sea comprobable el acometimiento de atrocidades en masa, es decir, genocidios y crímenes de guerra o de lesa humanidad, o cualquier otro estipulado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, en la Convención de Ginebra y en el Estatuto de Roma. (Political declaration on Suspension of veto powers in cases of mass atrocities, 2015).
Tal iniciativa, además, allanaría el camino a un nuevo, más eficaz y más eficiente orden mundial mediante la ampliación de la membresía del Consejo. A la vuelta de las décadas, la correlación de fuerzas en el mundo ha cambiado, se observa; hoy, otros países disputan a sus miembros permanentes un lugar en primera fila en el concierto de las naciones debido a su poder político, económico o militar. Cuatro pujan enérgicamente por ocupar esas codiciadas sillas, pero esa es otra historia.
