Esta semana el Congreso del Estado estará en el ojo del huracán al tener que decidir si aprueba o no el aumento del 4 y 7.5 por ciento en las tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado de Puebla en la capital y seis municipios de la zona conurbada, como lo solicitó la empresa concesionaria Agua de Puebla a través del Soapap.

El incremento de los precios siempre representa una verdadera “mentada” para los ciudadanos, sea en productos o servicios. Los poblanos —y en general en todo el país— estamos viviendo una escalada de precios en prácticamente todo: comida, luz, gasolina, productos de primera necesidad, transporte y la canasta básica ni se diga. No hay dinero que alcance.

El costo que pueden pagar los legisladores podría ser muy alto y muchos de ellos tienen aspiraciones políticas: ya sea reelegirse un periodo más, irse de candidatos a alcaldes en sus respectivos municipios, brincar a la legislatura federal como diputados o senadores o hasta buscar ser los sucesores del gobernador Barbosa en 2024.

Y es que deben de recordar que la relación de los poblanos con Agua de Puebla ha sido muy difícil o hasta tóxica desde que en 2014 se hicieron de la concesión del servicio en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Amozoc, San Pedro Cholula y Ocoyucan, pues la mayoría considera que se paga caro y es deficiente.

Los diputados locales no deben de olvidar que entre 2014 y 2018 hubo un verdadero terrorismo en contra de los usuarios, con cientos de cortes de tomas de agua y drenajes, que no sólo abarcó a los usuarios domésticos, sino hasta los comerciales. Que hubo la intentona de cobrar más a escuelas oficiales por el servicio y que chantajeó hasta al Ayuntamiento de Puebla para aumentarles el costo.  

Los propios líderes de las cámaras empresariales, sobre todo hoteleros y restauranteros, un día sí y al otro también denunciaban que en esas “actualizaciones” de Agua de Puebla los aumentos a la tarifa llegaban a ser de hasta 200 por ciento, pues la concesionaria cambiaba los estratos y niveles de consumo de los negocios para poder cobrarles más por el servicio.

Incluso hubo intentona de la concesionaria de alcanzar a las escuelas públicas de la capital poblana, pues la empresa pretendía cobrar 100 pesos anuales por estudiante para recaudar más de 33 millones de pesos de acuerdo con un plan de regularización que presentó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que no prosperó.

Diario CAMBIO documentó precisamente ante esos ‘tarifazos’ al servicio de agua potable, que entre 2014 y 2017 se había aumentado un 27 por ciento el costo por el mismo, el doble de lo acumulado en inflación en dicho trienio, que era de 12.07 por ciento.

A finales de 2017, la empresa encargada del servicio exhibió su voracidad para captar más recursos pues exigió a la Secretaría de Educación Pública que en cada escuela pública se pagaran 100 pesos por alumno, ya sea la dependencia o la propia institución, pues de lo contrario no habría mejora del servicio de agua potable y drenaje mediante el pago de éste.

Las cosas no cambiaron en 2018 y aunque ya no hubo ‘tarifazos’, pues se cancelaron al ser un año electoral y estar en juego la gubernatura, la empresa optó por desatar un terrorismo fecal y además de clausurar las tomas de agua, también cancelaba el drenaje, dejando en total indefensión a los usuarios.

Precisamente ante esas acciones de la empresa y la decenas de denuncias, en la primera Legislatura con mayoría de Morena —la LIX legislatura— se dio la primera reforma para prohibirle a la empresa los cortes del servicio de agua potable a los usuarios que menos consumían y de estratos económicos bajos, además de cancelar la posibilidad de clausurar los drenajes.

La relación de los poblanos con la concesionaria ha sido pésima estos primeros 8 años. Una tarea titánica será convencer a los poblanos de las bondades del aumento y que seremos los grandes beneficiarios de pagarle más por el servicio. 

La empresa argumenta que en los últimos 4 años no se han actualizado sus tarifas y que en ese mismo lapso sólo le han pagado el 45 por ciento de los usuarios, aunque no dice que opera con déficit, sí señala que está en riesgo la inversión de 3 mil 844 millones de pesos en obras hidráulicas que se requieren para evitar el colapso del servicio.

Por cierto, la empresa se comprometió a realizar en el contrato de concesión esa inversión en los primero 10 años de la misma por lo que ya sólo le quedan dos años más para cumplirlo. Pero no olvidemos que al firmarse la concesión se establecieron que las haría en 5 años, pero el morenovallismo modificó la concesión y les regaló 5 años más de plazo.