Ya se veía venir como parte del fenómeno de la reelección: la elección de Puebla capital es totalmente inequitativa por la abierta, descarada intervención del Ayuntamiento capitalino, volcado en favor de la alcaldesa con licencia Claudia Rivera Vivanco.

 

Ayuntamiento es un eufemismo, una quimera. Son los altos funcionarios municipales los que han decidido meterse a la contienda aunque cometan un titipuchal de ilegalidades. Al frente del operativo, no podía ser de otra manera, se encuentra Andrés García Viveros, tolerado por la alcaldesa en funciones Argelia Arriaga. El objetivo de todos ellos es tratar de voltear las tendencias.

 

Esa ilegal operación de los funcionarios municipales comienza con lo más burdo, la amenaza a los burócratas de perder su trabajo si Claudia no gana, y termina también en lo más burdo: la utilización de automóviles y brigadas del Ayuntamiento para ‘planchar’ a los vecinos de las pocas calles que todavía se atreve a recorrer.

 

Esta inequidad está marcada por el dispendio. El viernes pasado, CAMBIO documentó que en casi tres semanas de campaña Claudia se gastó 2 millones de pesos, la mayor parte en el pago de los 400 brigadistas que la blindan de reporteros y ciudadanos incómodos. Ayer en Loma Bella, por ejemplo, la asistencia era 90 por ciento brigadistas y sólo 10 por ciento ciudadanos.

 

Son 400 brigadistas y les pagan mil 500 pesos a la semana a cada uno. La semana les sale en 600 mil pesos.

 

El tope de campaña previsto para la contienda era de 1.7 millones, así que al finalizar la tercera semana ya se pasó por 300 mil pesos. Así se entiende que hasta el momento no haya presentado ningún informe de sus gastos ante la Comisión de Fiscalización del IEE.

 

Existen pruebas, que en su momento se darán a conocer, de que el brigadeo es pagado directamente por los hermanos de la alcaldesa, quienes implementaron el dispositivo de barrido de inconformes con el aterrizaje de las brigadas entre dos o tres horas antes, quienes se encargan de semblantear el ánimo social. Y si es de rechazo, de plano avisan de que no se aparezca la candidata.

 

También CAMBIO documentó como en todas las dependencias municipales se solicita que cada burócrata aporte 10 ‘convencidos’ de votar por Claudia. Son los famosos promovidos que tiene cada partido político. El problema es que en gobierno municipal todo se da mediante amenazas y acoso.

 

 

La amenaza es que si no se entrega ese listado de 10 ‘convencidos’, al burócrata en cuestión lo aperciben de perder su empleo si no entrega los nombres, copia del INE y teléfono celular. El acoso es que, cuando ya tienen esos datos, ‘alguien’ les marca para corroborar su existencia, y se les dice que el trabajo de su amigo, familiar, esposo o novio depende de que salgan a votar por Claudia Rivera.

 

Entre amenazas y acoso, todo les saldrá contraproducente porque atentan contra la dignidad de los trabajadores. Pero de que se comenten esas ilegalidades a ojos de todos los jefes en el Ayuntamiento casi todos son testigos.

 

Hasta el dirigente de los sindicalizados, Gonzalo Juárez, se sumó a la campaña y regala despensas a nombre de la alcaldesa. ¿De dónde sale el dinero?

 

Otro caso curioso es la utilización de datos personales, y esto se hace específicamente desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Lourdes Rosales.

 

Aunque las cámaras de ventanas ciudadanas están inservibles desde hace meses, se hace uso de las bases de datos de WhatsApp para sugerir a los ciudadanos descargar la aplicación “Seguridad Incluyente” que supuestamente sirve para geolocalizar en tiempo real cualquier hecho delictivo.

 

Aquí lo conveniente es que, después de descargar la aplicación, una persona llama al teléfono celular para recordarle a la gente de votar por Claudia Rivera Vivanco para que “continúe la seguridad en el municipio”.

 

Por ello no deja de ser irónico que ayer, como parte de sus fantasías y mentiras patológicas, se haya acusado a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte, de intervenir a favor de Eduardo Rivera Pérez con transportistas.

 

Dicen que hay audios en las redes sociales, pero probablemente los imaginaron. Desde el gobierno estatal les exigieron pruebas o retractarse y ofrecer disculpas públicas a la funcionaria.

 

Ellos se quejan, pero las pruebas de la cargada del Ayuntamiento son reales. No fantasías ni mentiras patológicas.