En su calidad de presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez ya se ha reunido más veces con Luis Miguel Barbosa que Claudia Rivera en los dos últimos años. Si la forma es fondo, el entendimiento del próximo gobierno municipal con el estatal se ve sólido.

 

Con Lalo, Barbosa sí podrá hacer un escudo metropolitano de seguridad pública, decisión estratégica que Claudia bloqueó al sostener a Lourdes Rosales al frente de la ex SSPTM con un único objetivo: no disminuir incidencia delictiva, sino hacer negocios con Grupo Vakart, proveedor no favorito, sino único de la dependencia a través de diversas razones sociales. Le dieron un monopolio.

 

Todavía no se perfila quién será el elegido de Lalo Rivera para sustituir a Lourdes Rosales, pero se va a tratar de la decisión más difícil de su gabinete porque tendrá la tarea de revertir el incremento brutal del primer semestre de 2021.

 

A principios de 2019, Lourdes Rosales planteó dos modificaciones estratégicas: desaparecer los sectores para sustituirlos por vectores, y abrir una renovación de mandos medios de la dependencia para desaparecer rostros viejos y corruptos para darle oportunidad a jóvenes oficiales que ella conocía de la Academia Ignacio Zaragoza.

 

 

Traía ese desgaste de los últimos meses de 2018, que llevó a Puebla capital al primer lugar nacional de percepción de inseguridad en la ENSU del Inegi a la mitad de 2019. Desastre absoluto porque en el concentrado global la delincuencia creció 11%.

 

Ese desgaste brutal llevó a Claudia a decir que la seguridad era “responsabilidad de todos, no del gobierno” en entrevista con Iván Mercado, frase que marcó su divorcio definitivo con los poblanos.

 

Ya después vino la ruptura cuando Barbosa acordó con Claudia la sustitución de Lourdes Rosales por Carla Morales, y a minutos de tomar protesta la alcaldesa se echó para atrás por una supuesta consulta con mandos nacionales de la SSP que según “no la autorizaron” por su vínculo con Ardelio Vargas.

 

Si mal no recuerdo, fue la última vez que se sentó Claudia con Barbosa, pues ya no había más de qué hablar al incumplir el compromiso.

 

Llegó la pandemia y la ‘tía Lulú’ presumió que su nueva estrategia había dado resultados, pues en 2020 se observó una reducción de 42% en la incidencia delictiva. Cantó victoria debido a que se contabilizaron 16 mil 461 delitos durante los últimos 12 meses en Puebla capital, cantidad que es menor a los 28 mil 750 que se contabilizaron a lo largo de todo 2019.

 

Pero fue una ilusión, resultado del frenón de las actividades y confinamientos en el primer año de la pandemia.

 

En el primer semestre de 2021, en pleno frenesí por la reelección, se disparó la incidencia nada más un 71% al pasar de casi 8 mil a 14 mil delitos en comparación a 2020.

 

Total, ninguna cifra le cuadra a la ‘tía Lulú’, pero mucho menos a Claudia que tiene ahí una zona oscura de gasto en la que Andrés García Viveros se dio vuelo a través de Grupo Vakart que incluye la compra a sobreprecio de todo lo necesario para equipar a los policías.

 

En su primer trienio, Eduardo Rivera Pérez trajo a Amadeo Lara Terrón como responsable de la seguridad pública, quien palió la pérdida de más mil policías que les retiró Moreno Valle, y al final obtuvo la certificación CALEA que tampoco sirvió para mucho.

 

Ha trascendido que el acuerdo entre Barbosa y Lalo es la creación de una Coordinación Metropolitana de Seguridad Pública que también incluye a San Andrés, San Pedro, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc, aunque cada edil tendrá la libertad de designar a su propio titular.

 

¿Quién para seguridad pública?