La caja registradora de los negocios de Eduardo Rivera Pérez no deja de sonar, pero ayer llegó al exceso al maquinar una concesión ilegal de espacios públicos por 10 años, periodo que rebasa el periodo de su administración, sin dar la participación necesaria al Congreso local. Así como está planteada simplemente es un acto ilegal.
Se trata de un nuevo capítulo de #LaloQuiereLana para su campaña a gobernador en la que pretende concesionar un enorme inventario de espacios publicitarios del Ayuntamiento que incluyen 488 paraderos del transporte público, 43 puentes y 800 pendones a cambio de la bicoca de 2.2 millones de pesos… ¡al año!
¿Pues de dónde tan pendejos los funcionarios del Ayuntamiento que quieren malbaratar así el uso de los espacios públicos?
Hasta ahora la concesión la tenía la empresa Clear Channel gracias a un acuerdo que firmó hace 20 años cuando Mario Marín era presidente municipal. Eran los tiempos del PRI, y aunque el albiazul chilló, nadie les hizo caso porque hablamos de ese muy lejano 2002.
Veinte años después, Eduardo Rivera se inventó un Comité Técnico para la renovación de la concesión de esos espacios publicitarios, y aunque el plazo de ella excede su administración por lo que tendría que ser avalado por el Congreso estatal, en la justificación técnica dice que sólo necesita dos terceras partes del Cabildo para hacerlo.
De acuerdo con el documento, ‘Lalo’ quiere hacer la entrega conforme a los artículos 370 y 371 del Código Fiscal y Presupuestario del municipio de Puebla, lo cual revela una hipótesis jurídica incorrecta de la síndico ‘Lupita’ Arrubarrena, quien debería regresarse a segundo curso de Derecho Civil para distinguir entre bienes muebles e inmuebles.
Veamos:
El artículo 371 señala “Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, salvo las excepciones previstas en otras leyes, podrán otorgarse hasta por un plazo de 30 años, el cual podrá ser prorrogado hasta por plazos equivalentes a los señalados originalmente, con los mismos requisitos y formalidades para su otorgamiento, atendiendo en ambos casos a lo siguiente”:
¿Los paraderos del transporte público son bienes inmuebles? O como los llaman ellos: zonas de espera peatonal. Ningún estudiante principiante le daría calidad de bien inmueble.
¿Los puentes peatonales son bienes inmuebles?
¿Las zonas de pendones son bienes inmuebles?
Claro que no. El Ayuntamiento de Eduardo Rivera está haciendo una interpretación fraudulenta de la ley. La está torciendo para que el Congreso —con mayoría de Morena— no tenga ninguna participación pese a que los 10 años exceden la vigencia de la administración.
Otra interpretación jurídica dice que gracias a una controversia constitucional de 2006 respecto de la Ley municipal de Aguascalientes, no necesita el aval del Congreso local.
Con base en esta polémica, el gobernador Barbosa llamó al edil Rivera a no otorgarla por ese plazo, sino máxime por un año y medio después del final de su gobierno. Es decir, un plazo máximo de 4 años, no 10.
Dijo que era sugerencia, pero al final de su intervención lo llamó a tener cuidado de no cometer un acto ilegal. ¿Le hará caso ‘Lalo’ a esa amable sugerencia o la caja registradora es más importante?
El diputado Sergio Salomón, que fue edil de Tepeaca y conoce perfecto los lineamientos, también coincidió en que si excede el plazo de la administración, el Congreso debe intervenir.
Otra cosa es la bicoca que pretende recibir al Ayuntamiento de ‘Lalo’ Rivera, lo que huele a corrupción: 2.2 millones de pesos al año por un inventario publicitario que vale pero millones de pesos al mes.
¿De quién es el negocio?
¿Cuál es la base para tan flaca contraprestación?
El negocio de la publicidad es millonario pero al mes.
Con la prohibición de que en espectaculares y medallones del transporte haya anuncios político-electorales, los espacios de la ciudad se van a llenar.
El proceso contempla actualmente 488 paraderos de autobús y 800 pendones publicitarios, así como 43 puentes peatonales.
Pronto, más detalles de los beneficiarios.
