La nueva contralora del Ayuntamiento de Puebla, Cecilia Moreno Romero, encubrió la ‘bolardiza’ que ocurrió en 2019 con la ex titular de la Secretaría de Movilidad Municipal, Alejandra Rubio Acle, pues afirmó que hasta el momento las auditorías no ameritan ninguna amonestación o sanción contra la ex secretaria o las ocho empresas que estuvieron implicadas.
Después de dos años de la instalación masiva de bolardos en la ciudad de Puebla, la Contraloría continúa con las investigaciones contra la ex titular de la Semovi, sin embargo, aún no se detecta ninguna irregularidad que direccione a alguna sanción, pese el sobrecosto del programa que denunciaron los regidores del G5 y del PAN, así como la falta de estudios para la ejecución de la instalación de estos ‘salva peatones’.
“Lo que ha llegado a mi escritorio en este momento todavía no está –digamos–, todavía en una sanción, no hay una determinación como tal en un sentido de establecer una sanción o no, pero hasta el momento, de lo que he revisado de las auditorías no hay ninguna que esté apuntando a una amonestación como tal”, aseguró la contralora.
En 2019, Rubio Acle presentó el Programa Integral de Movilidad para el Centro Histórico, que tenía como objetivo instalar mobiliario urbano para proteger a los peatones de accidentes sustentado en un estudio que realizó la empresa Autotraffic por un monto de 1.3 millones de pesos, mismo que no incluía un proyecto ejecutivo.
Al instalarlos en las principales calles del Centro Histórico de Puebla, se originó un caos en la ciudad, pues se registraban más choques contra estas estructuras, tráfico, reducción de carriles y un contante reemplazo de bolardos por afectaciones que sufrían por el impacto con los automóviles.
Las empresas Constructora de Obras de Terracería, Drenaje y Pavimentación, KR Bienes Raíces, Consultoría Inmobiliaria y Construcciones, Grupo Profesional Constructor MB, Orbe Terracerías y Pavimentación y CN Construcción y Supervisión se dedicaron a la instalación del mobiliario urbano en las demás zonas de la ciudad y hasta la fecha se ha contabilizado la inversión de 16. 5 millones de pesos para estas estructuras.
Hasta febrero del 2020, los regidores del grupo G5, José Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco acusaron a Alejandra Rubio por contratar a una empresa en la que su esposo es socio de la proveedora de mobiliario urbano y en ese mismo mes la funcionaria se separó del cargo debido al escándalo.
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Leslie Mora
@LeslieMora22