El decreto en torno a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica creada por el Gobierno Estatal para combatir actos de corrupción en Puebla, así como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entró en vigor, pues ya fue publicada en el Periódico Oficial.
El decreto de la Unidad, que será dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno Estatal, ya está publicado en el Periódico Oficial, por lo que se espera que entre en funcionamiento en los próximos días.
De acuerdo con el documento publicado en el POF, la Unidad realizará análisis financieros, contables y legales, relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. De igual forma, recibirá información por parte de autoridades federales, estatales y municipales con el fin de diseñar e implementar planes de trabajo para combatir la corrupción.
Además, elaborará esquemas de inteligencia para identificar y anticipar, en caso de que se pueda concretar, posibles desvíos de recursos u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichos reportes los elaborará en colaboración con la Dirección de Análisis y la Dirección de Procesos Legales que serán enviados al titular de la Unidad para que puedan ser sometidos a consideración.
Asimismo, coadyuvará con la Dirección General del Notariado, el Consejo del Colegio de Notariados del Estado de Puebla, así como con cada uno de los Titulares de los Notariados de la entidad poblana; así como con el Ministerio Público, cuando se declaren procedentes los reportes de la Unidad.
Este decreto responde a las reformas que se hicieron a la Ley de Notariados del Estado de Puebla, en especial del artículo 133 bis, en donde se expone que los titulares de las distintas notarías de Puebla deben dar aviso en un plazo no mayor a 10 días sobre la constitución de cualquier persona moral o el otorgamiento de poderes a cualquier tipo de personas morales.
El decreto está encaminado a combatir la corrupción en las instituciones del estado de Puebla, así como generar informes y reportes para que, en la medida de lo posible, se pueda anticipar la acción, así como reportar los delitos oportunamente a las autoridades judiciales.
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Daniel Sandoval
@ODanielSandoval