Las sanciones penales a funcionarios públicos que autoricen o aprueben construcciones en zonas de alto riesgo incrementarán, pues pasarán de 4 y 10 años a 8 y 20 años de prisión, así se establece en la iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil propuesta por el Gobierno de Puebla.
Este jueves, la sesión ordinaria del Congreso dará cuenta de una iniciativa de reforma remitida por el Ejecutivo estatal, la cual contempla una serie de modificaciones a leyes en materia de ordenamiento territorial, es decir, que se salvaguarde a las personas que, por negligencia, construyan sus predios en lugares con riesgo.
“Establecer medidas para combatir a quienes se involucran o cometen irregularidades. Se prevé la sanción a los responsables por la realización de una conducta delictuosa, para quienes con el carácter de funcionarios Públicos realicen actos u omisiones para autorizar la fundación de asentamientos humanos en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por lineamientos de seguridad”, puntualiza.
En ese sentido, se marca que, como parte de la propuesta, los ayuntamientos se encarguen de expedir los permisos y licencias de uso de suelo, así como de acciones en que se planee la construcción de viviendas y edificios que deberán estar sujetos a reglas y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los beneficiados.
Por ello, deberán estar coordinados con los otros dos órdenes de gobierno para conocer a detalle los lineamientos y las reglas a seguir para la construcción de los predios y aún más para determinar qué lugares son aptos para ocuparse y cuáles suponen un riesgo que podría causar pérdidas humanas.
Ahora bien, respecto al ámbito penal, la iniciativa también va acompañada por modificaciones al Código Penal de Puebla, en donde se establece el incremento de la sanción para los funcionarios que otorguen los permisos de construcción en zonas no aptas para esto. De manera que se estipula que la sanción será mayor a la mitad establecida, es decir, en el Código Penal, la sanción a estas faltas es de entre 4 y 8 años, de modo que con la modificación se pasará a 8 y 20 años de prisión.
“La pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más cuando las conductas previstas en la presente Sección se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o en las que exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano respectivos”, se menciona en la propuesta.
A nivel técnico, la iniciativa gubernamental proyecta hacer modificaciones a artículos y fracciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal de Puebla.
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Daniel Sandoval
@ODanielSandoval