Los ediles reeleccionistas de la Sierra Norte, Guadalupe Vargas Vargas, Porfirio Loeza Aguilar y Gerson Calixto Dattoli provocaron un presunto daño patrimonial superior a los 132.6 millones de pesos durante 2020.
De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, es el edil priista de Cuetzalan del Progreso, Gerson Calixto Dattoli el que acumula el mayor número de irregularidades, y en consecuencia un presunto desfalco, durante este periodo.
Por su parte, Porfirio Loeza fue el que de acuerdo con la ASE presentó un menor número de observaciones en su cuenta pública 2020, con un total de catorce de las cuales sólo logró solventar seis de ellas.
Obra Pública, Egresos y Estados Financieros, el talón de Aquiles de Gerson Calixto
En el informe de la cuenta pública 2020 del municipio de Cuetzalan del Progreso, el edil de esta demarcación Gerson Calixto acumula un total de dieciocho observaciones, de las cuales ninguna de ellas pudo ser solventada por la administración a cargo del priista.
En total, estas dieciocho observaciones suman un total de 60 millones 544 mil 503 pesos por un presunto daño patrimonial en el que incurrió durante el ejercicio fiscal 2020 el edil priista Gerson Calixto, quien en marzo de 2021 dejó su cargo para ir en busca de la reelección a su cargo y que lograría en la contienda electoral de aquel año.
Entre las irregularidades destaca la primera de ellas por un total de 31 millones 144 mil 136 pesos, en el rubro de Estado de Situación Financiera, derivado de que la administración de Gerson Calixto no pudo comprobar el destino de estos recursos durante el 2020.
Además, en la cuenta pública 2020 de Calixto Dattoli la ASE realizó ocho observaciones en el rubro de obra pública por 24 millones 530 mil 214 pesos.
Lupe Vargas ‘se sirve con la cuchara grande’ y desaparece 50 millones
Mientras tanto, la ASE realizó un total de dieciséis observaciones dentro de la cuenta pública 2020 del municipio de Xicotepec y de las cuales, la administración de la alcaldesa priista Guadalupe Vargas únicamente pudo solventar seis de ellas.
En conjunto, las diez observaciones que Vargas Vargas no pudo contestar de manera satisfactoria ascienden a un total de 50 millones 366 mil 968 pesos, mismos que el máximo órgano fiscalizador en Puebla catalogó como un presunto daño patrimonial por parte de la presidenta municipal de Xicotepec.
Entre las presuntas irregularidades en las que presuntamente incurrió la alcaldesa priista, destacan tres de ellas en el rubro de obra pública por un total de 34 millones 438 mil 797 pesos.
De estas, solo una de ellas asciende a 18 millones 971 mil 898 pesos en el programa de ‘mejoramiento de vivienda mediante el programa de calentadores solares’ en el municipio de Xicotepec, derivado de una serie de deficiencias en este proyecto que impulsó el gobierno de la priista Guadalupe Vargas.
Porfirio Loeza no pudo justificar el destino de su presupuesto de egresos
Por su parte, el edil que gobierna por cuarta vez el municipio de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar recibió un total de catorce observaciones dentro de su cuenta pública 2020, de las cuales solo pudo solventar seis de ellas.
En ese sentido, la ASE señaló que Loeza Aguilar incurrió en un presunto daño patrimonial por 21 millones 692 mil 299 pesos dentro del ejercicio fiscal 2020.
De las ocho observaciones que no pudo contestar satisfactoriamente el alcalde Porfirio Loeza se encuentra una por un total de ocho millones 912 mil 802 pesos dentro de su presupuesto de egresos, al no presentar los criterios generales de la política económica para aplicar los recursos, entre otras irregularidades.
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Luis Garnica
@luis_ggarnica