La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial por 3.5 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, además de observar posibles anomalías por más de 17.4 millones de pesos en cuatro universidades en 2021.
De acuerdo con la segunda entrega de la cuenta pública 2021, la ASF emitió 11 acciones en contra de la administración estatal, de las cuales una corresponde a una observación por el uso de recursos, cinco a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y otras cinco recomendaciones.
El segundo informe de @ASF_Mexico de la cuenta pública 2021, detectó un presunto daño patrimonial por 3.5 millones de pesos por parte del @Gob_Puebla, al no contar con documentación que acredite la realización de cursos de la Comisión de Búsqueda de Personas@Diario_Cambio pic.twitter.com/xTC0JEGRYy
— David Meléndez (@dav_ms6) October 29, 2022
En este sentido se destaca la observación hecha por el organismo federal, ya que indicó la probabilidad de un presunto daño patrimonial de tres millones 500 mil pesos por parte de las autoridades poblanas, de un total de 38 millones 320 mil pesos que le fueron transferidos.
Dicho monto fue ejercido por la Comisión de Búsqueda de Personas local para la realización de cursos de 30 horas en los 217 municipios que conforman la entidad, sin embargo, no se encontró ninguna documentación que comprobara que estos se llevaron a cabo.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de tres millones 500 mil pesos por no contar con evidencia de la documentación del manual del participante (digital), de la lista de asistencia, de la lista de calificaciones final, de la grabación de cada una de las sesiones y de la memoria fotográfica en la que se sustentó el curso impartido en los 217 municipios”, se menciona.
Ordenan investigaciones contra funcionarios públicos
Las investigaciones que la ASF ordenó en contra de servidores públicos son referentes a temas como la entrega de adjudicaciones directas por la entrega de licitaciones directas a través de la propia Comisión de Búsqueda de Personas sin que estas fueran justificadas, así como la falta del envió a la SEP de manuales por parte de personal de la Universidad de Chilchotla.
Otro acto por lo cual se pide iniciar investigaciones es por el hecho de que personal del centro de conciliación mantuvo sin uso 57 bienes con valor de 638 mil pesos, además de 40 licencias Office sin instalarse, hecho que también se presentó con 43 bienes en tribunales locales, además de averiguar por qué hubo retrasos en la transferencia de las aportaciones federales por periodos de hasta 16 días.
Universidades poblanas con observaciones
Las finanzas de instituciones poblanas también fueron revisadas, destacándose el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), ya que se detectó un presunto daño patrimonial por nueve millones 460 mil 149 pesos, por el pago de 63 plazas laborales que no fueron autorizadas.
La Universidad Tecnológica de Puebla registró un monto observado por tres millones 879 mil 883 pesos, referentes al pago de dos plazas no autorizadas así como el pago de 51 plazas de cinco categorías que tampoco fueron avaladas, además de seguirle pagando a un docente a pesar de que había sido despedido.
Dentro de las instituciones educativas que también tuvieron observaciones se encuentra la Universidad Politécnica, con un total de dos millones 497 mil 698 pesos, de los cuales dos millones 310 mil 167 pesos son por el uso de recursos que correspondían al ejercicio fiscal de 2021, mientras que 187 mil 531 son por el pago para docentes que no acreditaron tener el título para desempeñar sus actividades.
Del mismo modo a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo se le hicieron señalamientos por 828 mil 125 pesos, siendo 707 mil 314 pesos por el pago de seis plazas que tampoco estaban autorizadas en tres categorías y el restante por haber hecho pagos a un trabajador que no tenía su cédula profesional.
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David Meléndez
@dav_ms6