Roberto Jenkins de Landa, así como sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, se encuentran prófugos de la justicia después de que se giraron órdenes de aprehensión en contra de ellos por el desfalco de 720 millones de dólares que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins.
Durante este lunes un juez de control de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, liberó nueve órdenes de aprehensión en contra de nueve personas por el delito de ‘lavado’ de dinero, pues además de los miembros de la familia Jenkins, también están implicados en el caso Carlos Román Hernández, Virgilio Rincón Salas, y Alejandro González Muñoz que servían como testaferros.
En entrevista con CAMBIO, Guillermo Jenkins de Landa señaló que fue desde el 2016 cuando presentó una denuncia en contra de sus familiares por el desfalco hecho a la fundación y el ‘lavado’ de dinero, enviando el patrimonio económico a Jalisco y después a Panamá –considerado como paraíso fiscal– a través de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, sin embargo ante la complicidad del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, ésta no procedió.
Fue hasta junio del año pasado cuando las autoridades determinaron reabrir nuevamente la carpeta de investigación, ya que en el 2018 se le dio ‘carpetazo’ al caso sin que esto le fuera informado al propio demandante.
Señaló que será la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla la que deberá proceder con las auditorías en contra de la Fundación Mary Street Jenkins y de los movimientos financieros que se hicieron.
Guillermo Jenkins afirmó que busca que se haga justicia y que se pueda devolver el patrimonio que fue saqueado por sus hermanos, ya que éste era para el beneficio de los poblanos al entregársele recursos a diversas instituciones.
“La Junta es la que tiene que auditar, es por ley que a ellos les corresponde (…) lo que estoy peleando son los principios, los valores y el honor de una institución, esto no es un tema personal, es un tema institucional”, expresó.
De igual manera, aseguró que también busca que se le devuelva su lugar dentro del patronato de la fundación, ya que su salida de la misma se llevó a cabo de manera ilegal para que no fuera un obstáculo de los movimientos ilícitos.
Familia Jenkins, prófuga de la justicia
Guillermo Jenkins señaló que desconoce el paradero exacto de su madre y de sus hermanos, siendo la última información que tuvo de ellos que radicaban en la zona de San Diego, California, en los Estados Unidos.
Esto al señalar que les gusta tener una vida de lujos y disponiendo desde dicha ciudad del dinero que le pertenecía a la Fundación Mary Street Jenkins, a fin de poder ir solventando su vida de ‘comodidades’.
“Todos los parientes, ex parientes que tengo, sé que están en el área de San Diego, en Rancho Santa Fe y La Joya, les gusta vivir muy bien, les gusta la buena vida”, expresó.
Autoridades también van contra prestanombres
Además de los miembros de la familia Jenkins, existen otras cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales tres van dirigidas a Carlos Román Hernández, Virgilio Rincón Salas, y Alejandro González Muñoz, que fueron prestanombres para que se pudieran simular las operaciones.
Guillermo Jenkins de Landa señaló que existe la posibilidad de que se puedan emitir otras seis órdenes de aprehensión, en contra de otras personas que también estuvieron involucradas en el caso, sin embargo se reservó los nombres a la espera de que las autoridades puedan avanzar en el caso.
La Fundación Mary Street Jenkins fue fundada el 18 de octubre de 1954 por el empresario William O. Jenkins, cuyo objetivo era otorgar becas a estudiantes y obras de beneficencia. En el caso de Puebla, la operación dejó desamparada a la UDLAP, así como a fundaciones hermanas, entre ellas el Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha de Puebla y Fundación de las Américas, que en vida fueron formadas por Guillermo (William) O. Jenkins.
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David Meléndez
@dav_ms6