Un juez de Control y Ejecución del TSJ ordenó prisión preventiva necesaria en contra del propietario de Rotor Flight Services, José Antonio N, así como de Ricardo N, Israel N y María Magdalena N, empleados del taller, basándose en el informe emitido por la SCT sobre el ‘helicopterazo’ y con el argumento de que no notificaron a la dependencia federal de los fallos que presentaba el Agusta Westland AW109S Grand, pues sólo lo hizo a Servicios Aéreos del Altiplano, empresa que arrendó la aeronave a Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, y dijo que era casi imposible que fallaran los dos actuadores lineales al mismo tiempo, con lo que abrió la posibilidad de que hubiese ocurrido un complot, por lo que dio tres meses para la investigación.
En ese sentido, la defensa de los inculpados aseguró que fueron usados como ‘chivos expiatorios’, pues los dueños y empleado de la Servicios Aéreos del Altiplano SA (Saasa) no han sido detenidos ni procesados pese a que son señalados directamente en el caso, y criticó también el uso del informe de la SCT cuando este no tenía el fin de fincar responsabilidades.
Además, aunque los delitos culposos no ameritaban prisión preventiva, el juez de Control y Ejecución, Salvador Hernández se las impuso en contra del propietario y los tres empleados por los delitos de homicidio a título de culpa, daño a propiedad ajena en título de culpa y falsedad de declaraciones, dando un plazo de tres meses para que se recaben más pruebas y pueda dar una resolución final.
Juez exhibe su desconocimiento
CAMBIO tuvo acceso al video de la audiencia de vinculación que se llevó a cabo el pasado 29 de diciembre, en donde el juez de Control y Ejecución, Salvador Hernández, desestimó un peritaje que presentó la defensa de los acusados, el cual fue hecho por el perito aeronáutico y en el cual se exculpaba a los empleados del taller, esto a pesar de que la autoridad judicial carece de conocimientos sobre el tema.
En dicha audiencia la autoridad judicial utilizó el dictamen presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y responsabilizó a los integrantes de Rotor Flight de no dar aviso a dicha dependencia federal sobre la necesidad de modificar los actuadores de la aeronave, esto debido a que tenían que haber emitido un aviso de diferimiento de mantenimiento hacia la dependencia federal y solamente lo hicieron hacia la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, quien era la propietaria del helicóptero Agusta donde viajaba la pareja de políticos poblanos y tres personas más.
Esto a pesar de que en el informe final del accidente que la SCT emitió en marzo del año pasado, se indica que fue la empresa Servicios Aéreos del Altiplano quien fue omisa en el mantenimiento del helicóptero, pues Rotor Flight sí le informó sobre la necesidad del cambio de la pieza.
En este sentido fue que el juez determinó dar prisión preventiva a José Antonio N, dueño de la empresa Rotor Flight; Ricardo N, mecánico; Israel N, especialista de electricidad; y María Magdalena N, especialista en aeronáutica, esto tras ser acusados por los delitos de homicidio a título de culpa, daño a propiedad ajena en título de culpa y falsedad de declaraciones, dando un plazo de tres meses para que se recaben más pruebas y pueda dar una resolución final.
Entre sus argumentos, el juez señaló que de acuerdo con el informe, es prácticamente imposible que los dos actuadores fallaran al mismo tiempo, sin embargo consideró que en el ‘helicopterazo’ donde fallecieron Moreno Valle y Alonso Hidalgo, se pudo registrar el primer caso en la historia, sin que se tenga una certeza total.
Además, el juez Hernández Martínez señaló que si bien no se establece la gravedad exacta de las fallas en los actuadores y estos están relacionados con la función de piloto automático, estas debieron ser reportadas a las autoridades correspondientes, pues si se hubiera hecho no se le habría otorgado a la aeronave el permiso de funcionar y no se hubiera registrado el accidente.
Cabe recordar que en días pasados también se detuvo a Miguel N, quien también era trabajador de Rotor Flight acusado por los mismos delitos que las otras cuatro personas, por lo que enfrentará el mismo proceso legal.
Informe de SCT se puede malinterpretar
En entrevista con CAMBIO, Gilberto Vladimir Montalvo, abogado de uno de los acusados, señaló que existió una mala interpretación por parte del juez Salvador Hernández Martínez, quien usó el informe de la SCT para emitir su resolución, esto a pesar de que en el propio documento se señala que este es de carácter plenamente informativo y no tiene como finalidad fincar responsabilidades penales.
En este sentido, la defensa legal argumentó que la autoridad judicial no debió haber hecho uso del informe, toda vez que incluso se advierte que se puede prestar a interpretaciones erróneas.
Gilberto Montalvo señaló que el plazo para la recopilación de pruebas para emitir el fallo final terminará el próximo 11 de abril, afirmando que los trabajadores y el dueño de Rotor Flight fueron usados como chivos expiatorios.
De igual manera, detalló que José Antonio N, dueño de la empresa, se encuentra en el penal de San Miguel, mientras que Ricardo N, Israel N y Magdalena N fueron enviados al Cereso de Huejotzingo.
El pasado 24 de diciembre se cumplieron dos años del accidente en donde perdieron la vida el senador Rafael Moreno Valle y la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo, además de que fue en ese mismo día cuando la Fiscalía General del Estado logró la detención de los cuatro miembros de Rotor Flight.
Asimismo, se informó que también existen denuncias en contra de los dueños y trabajadores de Servicios Aéreos del Altiplano, sin embargo todavía no existen detenciones en contra de ellos.
Te recomendamos:
David Meléndez
@dav_ms6