El último año de la administración encabezada por el difunto ex gobernador Miguel Barbosa Huerta dejó un presunto daño patrimonial en agravio de las arcas del estado de Puebla por más de 460 millones de pesos, de acuerdo con el informe de revisión a la cuenta pública 2022 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En dicho documento, se detallan irregularidades superiores a los mil 106 millones de pesos cometidas en el manejo de los recursos públicos por el gobierno barbosista.
Durante el transcurso del martes 20 de febrero el máximo órgano de fiscalización en el país publicó la tercera entrega del informe de revisión a la cuenta pública 2022 en la que detectó un presunto daño patrimonial en las arcas del estado de Puebla por más de 447 millones 514 mil 561 pesos en el último año de la administración a cargo de Barbosa Huerta.
Asimismo, exigió que la administración estatal aclare el destino de más de 287 millones 978 mil 845 pesos que fueron erogados durante el último año del gobierno de Miguel Barbosa y de los que se desconoce en qué fueron aplicados.
En total, la tercera entrega del informe de la cuenta pública 2022 arroja irregularidades en el manejo de los recursos públicos a cargo del gobierno de Miguel Barbosa por 735 millones 493 mil 406 pesos, entre el monto del presunto daño patrimonial detectado y la cantidad pendiente de aclarar por la administración barbosista.
A esta cifra superior a los 735 millones por irregularidades detectadas dentro de la tercera entrega del informe de la cuenta pública 2022, se le suma el monto presentado por irregularidades encontradas en la segunda entrega del documento que asciende a los 371 millones 379 mil 285 pesos.
De esta cifra de 371 millones 379 mil 285 pesos de irregularidades detectadas dentro de la segunda entrega del informe de revisión de la cuenta pública 2022 elaborado por la ASF, 12 millones 974 mil 230 pesos corresponden a un presunto daño patrimonial y los 358 millones 405 mil 54 pesos restantes al monto pendiente por aclarar.
Con esto, el último año del gobierno de Miguel Barbosa arrojó un presunto daño patrimonial total por 460 millones 488 mil 792 pesos y un monto pendiente de aclarar en el ejercicio fiscal 2022 por 646 millones 383 mil 900 pesos; lo que en conjunto representa irregularidades en el manejo de mil 106 millones 872 mil 692 pesos de recursos públicos.
Irregularidades están en los proyectos barbosistas
Dentro de la tercera entrega del informe de revisión de la cuenta pública 2022 de la ASF se incluyeron un total de siete observaciones que engloban los 447 millones 514 mil 561 pesos catalogados como presunto daño patrimonial.
En estos pliegos de observaciones resalta una por 265 millones 53 mil 98 pesos en la que se señalan una serie de irregularidades detectadas en cuatro contratos signados por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
En ella llama la atención que dos contratos engloban el mayor monto de posible malversación de recursos públicos, pues la Auditoría Superior de la Federación señala que dentro de los contratos OP/LPE231/SA/SI-20220852 y OP/LPE199/SA/SI-20220770 se incurrió un presunto daño patrimonial superior a los 249 millones de pesos.
De estos dos contratos, el primero con número de folio OP/LPE231/SA/SI-20220852 corresponde a la construcción de la Unidad de Oncología en el Hospital para el Niño Poblano.
Mientras que el contrato con número de identificación OP/LPE199/SA/SI-20220770 corresponde al proyecto integral para la rehabilitación del ex Hospital San Juan de Dios con la construcción del complejo cultural y deportivo para el municipio de Tehuacán.
Luis Garnica
@luis_ggarnica