Por el delito de peculado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aprehendió el fin de semana al responsable de la oficina regional de supervisión de la Secretaría de Transportes (ST), en San Martín Texmelucan, Fidel Ricardo Chávez Lázaro.

La orden de arresto se liberó una vez que la Secretaría de la Contraloría dio parte a la autoridad judicial, tras una investigación realizada que como resultado arrojó que esta persona presuntamente facilitó un vehículo a un particular que se hacía pasar por supervisor en el municipio de Huejotzingo para cometer actos ilegales.

Actualmente, la dependencia que encabeza Eukid Castañón Herrera realiza una auditoría en la Secretaría de Transportes, tras la salida del subsecretario de la dependencia, Carlos Zurita García, y está en la etapa de emitir observaciones que deben ser solventadas por los trabajadores implicados.

En un comunicado de prensa la Contraloría informó que esta acción forma parte de la estrategia que lleva a cabo para detectar a malos servidores públicos.

Según la información proporcionada, el pseudoservidor al que “solapaba” el recién detenido fue aprehendido a finales de octubre y se ejerció acción penal en su contra, como se informó en su momento.

Incluida esta acción reciente, suman 34 funcionarios estatales los que han sido aprehendidos en lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle por malas prácticas, además de dos particulares por usurpación de funciones.

Las acciones se emprenden dentro de laCampaña Anticorrupción que implementa directamente la Contraloría, que tiene como fin castigar a quienes defraudan la confianza de la población.

También se trabaja mediante el programa Ciudadano Encubierto desde la Secretaría de la Contraloría, quien ha colaborado de manera conjunta con la PGJ.

Las autoridades estatales hacen un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía cometida por funcionarios al 01 800 HONESTO (46 63 786), número único de denuncia que brinda atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año; o al 01 (222) 2 42 22 10 de la Dirección General de Delitos cometidos por servidores públicos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia.

Sobre las indagaciones en la ST, la Contraloría confirmó que ya se emitieron observaciones, sin embargo, evitó proporcionar mayor información bajo el argumento de que aún se está en un proceso de determinación de responsabilidades, por lo que no confirmó la versión de la “limpia” que se está dando en esta secretaría, específicamente entre los delegados de Transportes.