Aunque no dio a conocer montos, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJP), Roberto Flores Toledano, aseguró que ya están listos los recursos para empezar con la construcción de dos nuevos centros para juicios orales en los distritos de Huauchinango e Izúcar de Matamoros, y quedarían pendientes los de Zacatlán y Acatlán.

Reconoció que estos espacios se han aplazado desde septiembre de este año, pero se calcula que para el primer semestre del 2014 ya puedan entrar en funcionamiento para que sean tres, tomando en cuenta el de Teziutlán, los centros que operen en la entidad.

Por falta de infraestructura, hace tres meses los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobaron por unanimidad modificar el artículo Segundo Transitorio del Decreto de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla con fecha del 17 de junio del 2013, para aplazar el inicio de los juicios orales en esas regiones, quedando como fecha límite mayo del año entrante.

El magistrado aseguró que con este nuevo sistema de justicia penal ya no habrá cabida a violaciones a los derechos humanos, tras confirmar que a partir del 2014 ya se podrán grabar los juicios orales, como actualmente ya se hace en otras partes del país.

Rechaza pruebas de confianza a magistrados

En otro tema, Flores Toledano confirmó que a lo largo de este año fueron dados de baja algunos jueces que no aplicaban correctamente la ley, pero tampoco quiso especificar casos ni el número de los empleados que dejaron de laborar en el Poder Judicial.

Cuestionado sobre si para evitar malas prácticas como las que se han denunciado es necesario aplicar controles de confianza como en las corporaciones policiacas, el magistrado consideró inviable esta medida.

"No hay necesidad de aplicar pruebas de confianza. En este momento no se tiene pensado", manifestó.

En meses pasados trascendió que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio inicio investigaciones en contra de al menos tres funcionarios por delitos contra la administración de justicia.

Flores Toledano aseguró que no se han registrado casos de extorsión o amenazas en contra del grupo que encabeza, por lo que está descartado reforzar la seguridad.