El Congreso de la Unión ha mantenido congeladas por más de siete años reformas a los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución política en materia de inmunidad de servidores públicos, hecho que ha permitido que más de 5 mil funcionarios de todos los niveles de la estructura gubernamental estén respaldados en el fuero político que actualmente les otorga la ley.

Fue desde 2007, en la LX Legislatura del Senado de la República, que el entonces legislador Pablo Gómez Álvarez (PRD) habría promovido una iniciativa para reformar el sistema de inmunidad de los integrantes de los poderes públicos para que pudieran enfrentar procesos penales sin que fuera requisito el desafuero, y a siete años de distancia esta propuesta aún no ha terminado su andar legislativo.

La última discusión que los legisladores hicieron a este respecto tuvo lugar el pasado 5 de marzo de 2013, en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones la minuta enviada dos años antes —en 2011— por la colegisladora, en donde nuevamente fue frenado el proyecto. 

Específicamente es en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado —presididas por los senadores del PRI Enrique Burgos García y Graciela Ortiz González— que las reformas en materia de inmunidad de servidores públicos han sido omitidas durante los últimos dos años, sin que exista una fecha para reiniciar su trámite.

El bloqueo

Entrevistado al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN) afirmó que el trasfondo de esta suspensión se debe al diferendo que existe entre incluir o no al Presidente de la República entre los sujetos que no deberían gozar de inmunidad procesal.

En marzo de 2013 los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM en la Cámara de Diputados aprobaron modificaciones al proyecto originalmente avalado por el Senado, entre ellas eliminar el desafuero para el jefe del Ejecutivo federal.

“Desde que estuvo (el proyecto de reforma) en la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional propuso también para el Presidente de la República la exclusión de la existencia de esta protección procesal, pero la mayoría aprobó mantener la protección de la que actualmente goza el presidente y esa es la razón por la cual no ha podido prosperar en la Cámara de Senadores esa minuta”, explicó.

Gil Zuarth reconoció que ante el actual contexto nacional, en el que funcionarios públicos podrían estar implicados en delitos de orden federal, como se demostró en el caso del ex edil de Iguala, José Luis Abarca, es necesario retomar el tema y por ello aseguró, su partido político incluso ha replanteado este tema incluyéndola como una de las propuestas que acompaña a la propuesta relativa al Sistema Nacional Anticorrupción.

“En el marco de la discusión sobre el nuevo sistema nacional de rendición de cuentas, la famosa propuesta anticorrupción, se planteó la necesidad también de revisar el estatuto jurídico de los servidores públicos, precisamente para que ninguno se evada de la acción de la justicia”, declaró, tras afirmar que en el PAN se mantiene el interés de que esta reforma salga adelante, no obstante advirtió, se requiere de la voluntad por parte de los otros partidos políticos.

“Esto dependerá de la voluntad de todos los grupos parlamentarios, pero insisto, la discusión que no se ha superado es la relativa al Presidente de la República, que es la que tiene en vilo a la reforma. Yo creo que es tiempo de retomar esta minuta, de hacer una buena reforma, un planteamiento integral que haga que en este país prive la ley, con independencia de quien se trate”, puntualizó.

La actual de la reforma 

La reforma pendiente a lo largo de tres legislaturas establece que ante la comisión de delitos todos los integrantes de los poderes públicos —incluidos entre otros los legisladores, ministros de la SCJN, autoridades en materia electoral, gobernadores y presidentes municipales— podrán ser sujetos a proceso penal en caso que un juez lo requiera. 

No obstante, se sugiere que no podrán ser aprehendidos mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones, sino hasta que haya una sentencia ejecutoria, con lo que perderían su cargo y su inmunidad para ser llevados a prisión.