Peña Nieto promulgó en agosto pasado las leyes reglamentarias de la Reforma Energética que abrió el sector al capital privado tras más de siete décadas de monopolio estatal, y puso fin al ciclo reformador que inició al asumir el poder en diciembre de 2012.

El conjunto de leyes fue aprobado a pesar del rotundo rechazo de la izquierda, que apostó sin éxito a la convocatoria de una consulta popular para revertir los cambios en el sector, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consideró inconstitucional.

Con el nuevo modelo energético, el gobierno prometió elevar el crecimiento en el mediano y largo plazo, atraer anualmente 10 mil millones de dólares de inversión extranjera y crear 500 mil empleos.

Tras una intensa fase parlamentaria, en la que también fueron aprobadas las leyes reglamentarias de las reformas en telecomunicaciones, competencia económica y político-electoral, el Ejecutivo puso la mira en una rápida y eficaz implementación.

El 1 de septiembre Peña Nieto presentó un segundo informe de Gobierno centrado en las reformas impulsadas en el campo económico para “apuntalar” el crecimiento, mientras en el terreno de la seguridad presumió de la reducción de la violencia y de los índices delictivos.

El optimismo sobre el futuro estaba en su punto más alto y expresiones como “México se está transformando”, “los astros se han alineado” y el país tiene una “oportunidad histórica” sustituyeron en el discurso oficial las referencias al narcotráfico y a la violencia.

Pero la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos la noche del 26 de septiembre pasado cambió la narrativa y recordó a millones de mexicanos que los años duros de la violencia del mandato de Felipe Calderón (2006-2012) no habían terminado.

Alumnos de entre 18 y 21 años de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala, Guerrero, por policías cuando se desplazaban en varios autobuses que habían tomado. Seis personas murieron, incluidos tres estudiantes, y 25 resultaron heridas. Además, 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.

De acuerdo con la investigación oficial, los ataques fueron ordenados por el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos relacionados con los Guerreros Unidos.

El móvil: impedir que los jóvenes, involucrados en un ataque a la alcaldía en 2013, arruinaran un acto en el que la esposa de Abarca lanzaba su candidatura para competir por la Presidencia municipal en las elecciones de 2015. Ella se encuentra arraigada y él preso.

El caso generó gran indignación dentro y fuera del país tanto por la actuación tardía del gobierno federal, que asumió la investigación ocho días después, y la participación de funcionarios en los hechos. Los padres de familia y los compañeros de los jóvenes, tradicionalmente muy combativos, encabezaron un movimiento para exigir al gobierno la aparición con vida de los 43 estudiantes y aplicación de la justicia en un país con más de 22 mil desaparecidos.

La sociedad, cansada de la violencia, la corrupción y la impunidad, ha salido a las calles en solidaridad con los estudiantes, pero también para demandar la renuncia de Peña Nieto, afectado estos días por varios escándalos por supuesto tráfico de influencias.

En las últimas semanas investigaciones periodísticas revelaron que dos figuras de su entorno más cercano, su esposa Angélica Rivera y su Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, compraron sendas casas a un contratista del gobierno que este año ganó, en consorcio con otras firmas, una licitación para construir un tren de alta velocidad.

Peña Nieto canceló la licitación en noviembre pasado, después de una avalancha de críticas por un proceso que solo contó con un participante, e hizo pública su declaración patrimonial para darle más “confianza a los mexicanos”.

Apremiado por las multitudinarias protestas en el país, algunas de las cuales han derivado en actos violentos, y con su estrella internacional en declive, el presidente anunció una plan de seguridad que incluye tres reformas constitucionales que buscan atajar la infiltración del crimen organizado en los municipios. Sin embargo, las medidas fueron calificadas como “cosméticas” e “insuficientes”.

En opinión de los partidos de oposición, no resuelven el problema de fondo de la inseguridad, debilitan a los municipios y fortalece a los estados, donde también se infiltran las mafias. Con un plan de seguridad que no convence, un movimiento social que no tiene pinta de ceder y elecciones legislativas en puerta, Peña Nieto afronta un 2015 difícil, en el que tendrá que demostrar con hechos que el México de sus discursos no es una utopía.

Fuente: Sin Embargo