En los poco más de dos años que ocupó el cargo, antes de pedir licencia para buscar la candidatura del PRD a gobernador, el alcalde potosino José Ricardo Gallardo Cardona se robó uno de cada 5 pesos del municipio Soledad Graciano Sánchez, dinero que trianguló para beneficio personal y posiblemente para el del crimen organizado.

La red de vínculos detectada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) evidencia que a través de cuatro instituciones bancarias Gallardo desplazó recursos prácticamente desde el primer mes que asumió su cargo, en octubre de 2012, hasta septiembre de 2014.

El alcalde no hizo diferencias en cuanto al origen de los recursos que se robó. El municipio Soledad Graciano Sánchez recibió cerca de mil millones de pesos provenientes de partidas federales, así como de los ingresos propios de la gestión en los últimos dos años. Gallardo se apoderó, al menos,  de la quinta parte de ese dinero.

La red empresarial utilizada por el alcalde para triangular el dinero ya existía desde antes que ocupara el cargo. Las empresas surgieron cuando su padre, Ricardo Gallardo Juárez, fue alcalde del mismo municipio en el periodo 2009 a 2012. No se descarta que desde ahí se usaran recursos públicos de forma ilícita.

La PGR mantiene un desglose de la indagatoria abierto, pues rastrea otras estructuras paralelas que pudo haber usado el alcalde para mover más dinero y que podrían involucrar a integrantes o células de Los Zetas. Tan solo de los 200 millones de pesos que el alcalde robó, hay poco más de 90 millones cuyo destino no es claro y que pudieron terminar en manos de criminales.

La ruta del dinero

Entre 2013 y 2014, según la indagatoria de la SEIDO, el municipio de Soledad Graciano Sánchez recibió 685 millones 408 mil 574 pesos de ingresos federales, y 275 millones 371 mil 10 pesos por ingresos propios de la gestión. De ese total, se tiene identificado que el alcalde “dispersó” (retiró y trianguló) 209 millones 911 mil 506 pesos.

¿Cómo lo hizo? Primero a través de la Clínica de Especialidades Wong,  empresa de la que tenía 25 por ciento de las acciones. Mediante varias operaciones con dos cuentas bancarias de BBVA Bancomer, el municipio pagó a la referida clínica los más de 200 millones identificados por PGR.

La clínica tenía cinco cuentas a las que llegaron los depósitos, cuatro en Banorte y una en BanRegio. Tres de estas cuentas fueron utilizadas para dispersar parte de los recursos recibidos hacia otras empresas donde la participación accionaria del alcalde y su familia era mucho más relevante.

Por ejemplo, poco más de 115 millones de pesos fueron dirigidos a tres cuentas del banco Santander  abiertas por la empresa Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios  S.A. de C.V., de la que el alcalde con licencia tiene 96 por ciento de acciones.

Otras dos compañías, Gallardo Continental y Tangamanga Continental, de las que Gallardo tiene 50% de las acciones, recibieron en sus respectivas cuentas de Bancomer casi dos millones de pesos en múltiples movimientos.

Dinero faltante y Zetas

De los 206 millones de pesos que Gallardo sustrajo a través de la red mencionada, falta por esclarecer el destino final que habrían tenido 90 millones de pesos. Esto sin contar que haya otros recursos de origen lícito o ilícito que el alcalde con licencia haya desplazado para su beneficio propio o el de algún grupo.

Fuentes ministeriales indicaron que hay señalamientos, sujetos aún a verificación, de una posible relación entre Gallardo Cardona y Los Zetas, y de recursos públicos que habrían llegado a representantes de este grupo.

Los Zetas, según distintas indagatorias de PGR, son el principal grupo del narcotráfico asentado en el estado de San Luis Potosí, y  para ello ha sido factor el apoyo o colusión que han conseguido de empresarios y funcionarios locales.

La SEIDO indaga datos referentes a que el alcalde con licencia construyó buena parte de su patrimonio, antes de que ocupara ese cargo,  con recursos del narcotráfico. El diario Reforma publicó ayer que las empresas del alcalde son propietarias de cuatro inmuebles en EU valuados en más de 500 mil dólares.

“Es una mecánica de lavado de dinero que ya hemos visto antes relacionada con grupos como los Zetas y que es una línea en este caso”, dijo un funcionario ministerial a 24 HORAS.