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El registro de 28 muertos en tan sólo 12 días de febrero han encendido los “focos rojos” en Tamaulipas. Se trata casi de la misma cifra de homicidios ocurridos en la entidad durante todo el pasado mes de diciembre (32).
Ya son más de 10 años de violencia y ninguna de las cuatro estrategias implementada por el gobierno federal, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, han conseguido restablecer la paz en el estado.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL explican que el resurgimiento de la violencia en ese estado tiene que ver con la irrupción y lucha entre pequeños grupos delictivos que nacieron al amparo de Los Zetas y el Cártel del Golfo, pero que ahora han adquirido autonomía y se pelean por el territorio estatal.
Edgardo Buscaglia detalla que en Tamaulipas hay actualmente “una lucha entre fracciones de redes criminales, muchas de ellas franquicias de Los Zetas y El Golfo, que se disputan territorios de forma encarnizada, a la vez que se expanden y adquieren autonomía”.
El investigador de la Universidad de Columbia agrega que “en la delincuencia hay una desorganización propia, de un país donde la autoridad central se encuentra ampliamente fragmentada y capturada por los grupos criminales”.
“En complicidad con autoridades que ellos (los delincuentes) capturan con facilidad, cada grupo criminal está incentivado a separarse y formar su propio feudo; en Tamaulipas las autoridades están muy fragmentadas, divididas, algunas trabajando para un grupo, otras para otro, un poco en el mismo escenario que hemos observado en Chihuahua o Veracruz”.
Para el investigador, el país se encuentra institucionalmente debilitado, fragmentado por grupos criminales “que, como pirañas, se han repartido los pedazos del estado”; México, dice, sufrirá esa situación hasta que no se consolide un solo grupo criminal y se llegue a una pax mafiosa, o, por otro lado, sean consolidadas las instituciones del Estado.
Gustavo López Montiel, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, coincide con Buscaglia al señalar que más allá de El Golfo y Los Zetas, en la entidad operan por lo menos cuatro o cinco grupos delictivos.
Explica que el crimen organizado es como una empresa, tiene segmentos de poder donde unos se dedican al transporte, a la venta de droga y, al secuestro, entre otros delitos, pero en determinado momento “estos grupos comienzan a tomar dos o más giros y compiten con respecto a los cárteles que antes los empleaban”; eso vuelve la lucha más encarnizada y la población queda más vulnerable.
El experto en criminología recalca que la irrupción de las fuerzas federales en Tamaulipas derivó en un impasse de violencia, que fue aprovechado “para la reconfiguración de los grupos tanto del crimen como del poder”, así como en la modificación de su forma de operar; ahora buscan ser reconocidos.
“No son casualidad los bloqueos y violencia de las últimas semanas, pues tienen que ver con la necesidad de decirnos hacen algo y aquí estamos”, asegura.
Estrategias limitadas
Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana (UIA), la estrategia de seguridad puesta en marcha hace nueve meses por el gobierno federal (mayo de 2014) ha sido limitada, tanto en alcance como en lo referente a la profundidad.
“Las acciones del gobierno han fracasado, pues han sido limitadas en su actuar. Los operativos presenciales no se enfocan en romper las estructuras de dominio que imperan por parte del crimen organizado en el estado”, asegura.
Para el especialista, el crimen organizado y la violencia en esa entidad no han cedido, porque no se ha desarticulado el dominio criminal en la entidad.
En relación con este tema, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, expresa que la estrategia gubernamental “nació muerta, porque repite la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa, de enfrentar la violencia con violencia, sacando a la calle a miles de militares y policías sin atacar las causas”.
Ramos Vázquez agrega que mientras los funcionarios federales y estatales hablan de supuestos éxitos y “se aplauden solos”, la gente sigue padeciendo los delitos y vive con temor, incluyendo la capital (Ciudad Victoria), donde abundan los secuestros y las extorsiones en perjuicio de estudiantes, así como empresarios medianos y pequeños.
Afirma que las autoridades federales se dedicaron a querer desmantelar las organizaciones criminales, pero cada vez que detienen a algún cabecilla del narcotráfico surgen otros que se disputan el liderazgo de las organizaciones delictivas a sangre y fuego.
Estima que esa situación seguirá ocurriendo, mientras no se pongan en funcionamiento verdaderas políticas de desarrollo social que brinden a los jóvenes oportunidades de empleo bien remunerado, estudio y recreación sana, frente al espejismo del dinero fácil que representan las actividades delictivas.
Si funcionara la inteligencia del gobierno, comenta Ramos, en lugar de actuar de manera reactiva, las autoridades podrían realizar detenciones antes de que se registren los enfrentamientos que ponen en riesgo a la ciudadanía al quedar atrapada en el fuego cruzado.
Recalca que si no se reduce sensiblemente la violencia, hay el riesgo de que el proceso electoral del próximo 7 de junio se registre muy poca participación, o que ocurra todavía algo más grave, como en las pasadas elecciones de gobernador, cuando fue asesinado el candidato priísta a la primera magistratura.
