Con la confianza en que el Senado de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, “tomará la mejor decisión en la designación del nuevo integrante del máximo tribunal de justicia en el país”, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió ayer a la Cámara Alta la terna de candidatos para ocupar el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejara vacante el ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien falleció el pasado 3 de diciembre.

La terna se integra por los juristas Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora Icaza. Este último actual embajador de México ante los Estados Unidos.

De acuerdo con la Presidencia de la República, los tres personajes “cuentan con una larga trayectoria profesional en la actividad jurídica o en la impartición de justicia, y por ello el titular del Ejecutivo federal considera que son las personas idóneas para ocupar la alta responsabilidad de ser designados por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha destacado por su trayectoria como catedrático en diversas instituciones de educación superior.

Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito. Actualmente es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

El magistrado Horacio Armando Hernández Orozco es abogado por la Escuela Libre de Derecho y se ha destacado por la práctica docente en diversas escuelas y universidades.

Asimismo, ha ocupado diferentes cargos en el Poder Judicial de la Federación entre los que destacan secretario de juzgado de distrito y tribunal colegiado de circuito, juez primero de distrito y magistrado de circuito. Actualmente se desempeña como magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Extensa experiencia

El embajador Eduardo Tomás Medina Mora Icaza es licenciado en Derecho por la UNAM y autor de diversas publicaciones en derecho constitucional e internacional.

En el servicio público, entre otros cargos, se desempeñó como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional  (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR, así como embajador ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Actualmente, despacha en la embajada de México en Wa-shington, desde donde participó directamente en la organización de la visita oficial que hiciera el presidente Peña Nieto a la Casablanca el 6 de enero de este año.

Cabe recordar que debido a la ausencia de un ministro de la SCJN (por la muerte de Sergio Valls), durante la elección de Luis María Aguilar Morales como nuevo presidente, el pasado 2 de enero implicó cuatro horas de sesión y 32 rondas de votación.

Aguilar ocupará el cargo durante los próximos cuatro años, como establece la Constitución y el reglamento de la Corte.

Vacante

El ministro Sergio Valls falleció en diciembre pasado.

Tras sufrir en los últimos meses problemas de salud, Valls falleció a los 73 años.

Durante un homenaje en la Suprema Corte, Juan Silva Meza, el entonces presidente del máximo tribunal del país, elogió las virtudes y constante defensa de los derechos humanos que promoviera Valls.

“La muerte conlleva siempre una catástrofe”, dijo Silva Meza para afirmar que su compañero Sergio Valls será, “a partir de la madrugada del 3 de diciembre, una ausencia presente, por lo que el dolor que causó su muerte se refleja en pesar y desconsuelo para quienes integran el Alto Tribunal.

“Las buenas obras sobreviven a la muerte misma. Las mejores obras de Sergio Valls nos acompañan esta mañana. La dignidad que le sobrevive está en cada uno de sus escritos, en cada uno de sus votos, de acuerdo con su conciencia y convicción, en cada alumno en que influyó, y en cada uno de su familia. Ahí hay que recordarlo siempre”, externó.

El Senado avala procedimiento

El pleno del Senado aprobó el procedimiento legislativo para la elección del nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluye la comparecencia ante comisiones y ante el pleno de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora, integrantes de la terna para ocupar la vacante del ministro fallecido Sergio Valls.

El pleno del Senado aprobó que la Comisión de Justicia verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución, para lo cual, la comisión convocará a las personas propuestas para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes conforme al formato que se acuerde.

La Comisión de Justicia presentará a la consideración del pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integren la terna enviada por el titular del Ejecutivo federal.

El acuerdo añade que el dictamen aprobado por la comisión se publicará junto con los expedientes de los integrantes de la terna en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración del pleno.

En la publicación de los expedientes, la Mesa Directiva observará las obligaciones en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales, precisa.

El pleno del Senado acordó también que una vez aprobado el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, el presidente de la Mesa Directiva convocará a las personas que hubieren satisfecho los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el pleno del Senado.

Determinó que las exposiciones a las que se refiere el resolutivo anterior tendrán una duración máxima de 20 minutos por cada persona propuesta; que las intervenciones se desahogarán conforme al orden de la terna, durante las exposiciones de los candidatos no habrá lugar a mociones, preguntas o debates.

El acuerdo del Senado establece además que una vez desahogadas las exposiciones el presidente declarará un receso de 15 minutos, reanudada la sesión se realizará a votación por cédula para elegir a quien ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.

Ordena que una vez realizada la designación del ministro de la Suprema Corte, el presidente de la Mesa Directiva lo notificará al Presidente de la República y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Considera que en el supuesto de que en la votación, ninguna de las propuestas reúna la mayoría constitucional requerida se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata, entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates y si no hay acuerdo en una segunda votación se regresará al Ejcutivo.

Niegan preliberación por delitos graves

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida y no violatoria de los derechos humanos la disposición que niega los beneficios de preliberación y libertad anticipada a los sentenciados por delitos graves como homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, violación, tráfico de menores, trata de personas y extorsión.

Durante la sesión del pleno, siete de los diez ministros que actualmente conforman al máximo tribunal del país coincidieron en que artículo 33 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal es acorde con la Constitución.

“El artículo 33 no niega la reinserción del delincuente a la sociedad una vez compurgada la pena, lo único que limita es dos de tales beneficios, como lo son el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria, todos los demás establecidos en la Constitución permanecen intactos”, consideró el ministro Alberto Pérez Dayán.

La ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, señaló que los preceptos son inconstitucionales, pues “en cumplimiento a su obligación de respetar los derechos que asisten al sentenciado, la autoridad no puede intentar influir en la personalidad o forma de pensar del sentenciado”.

La mayoría de los ministros de la SCJN coincidió en que, con independencia absoluta de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen a los sentenciados, ninguna persona tiene acceso a los beneficios de preliberación cuando haya sido condenada por algunos de los delitos graves que la legislación precisa.

Tras el análisis y debate del proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, los ministros también declararon la validez de los artículos que definen los mecanismos de evaluación para reubicar al sentenciado, el tratamiento aplicable y su duración, que regula la educación y el trabajo penitenciario; así como los servicios de salud.

Sin embargo, al registrarse un empate, el tribunal constitucional desestimó invalidar los artículos que regulan la obtención de beneficios como la reclusión domiciliaria y  la recepción de tratamiento preliberacional, el cual somete al sentenciado a evaluaciones semestrales, para corroborar así que han desaparecido los elementos que lo llevaron a cometer un ilícito.

El análisis y discusión de estos temas se dio luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del DF promovieran dos acciones de inconstitucionalidad con el objetivo de que la Corte invalidara diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del DF pues las consideran violatorias de los derechos humanos de los sentenciados.

Fuente: Excelsior