Con 313 votos a favor,  61 en contra y una abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 14 artículos de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y pasa al Senado para su revisión.

Esto después de que se aprobara en lo general y se debatieran 35 artículos reservados, principalmente de legisladores del PRD, MC y del PAN.

Durante la sesión, Silvano Aureoles anunció al pleno camaral una “licencia por tiempo indefinido” a su cargo como diputado para inscribirse como candidato del PRD al gobierno de Michoacán.

La discusión

Con la frase “la corrupción la más letal de las pestes“, Julio César Moreno, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales inició la fundamentación del dictamen que hoy se somete a votación del pleno.

“La corrupción, como cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo no afecta a las instituciones”, dijo desde la tribuna parlamentaria.

Los legisladores desecharon una moción suspensiva presentada por el Partido del Trabajo (PT) y determinaron continuar con el desahogo del proyecto.

El dictamen prevé modificaciones a 14 artículos de la Constitución Política y entre otros aspectos establece sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación de servidores públicos, así como penalizaciones administrativas y económicas a particulares involucrados en actos de corrupción.

Además, establece también la extinción de dominio de los bienes derivados de enriquecimiento ilícito.

Las reformas conceden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nuevas facultades para fiscalizar las participaciones federales de estados y municipios, así como para practicar auditorías en “tiempo real”, sin esperar dos años, como ocurre actualmente.

Igualmente resalta la disposición de que el secretario de la Función Pública sea ratificado por parte del Senado.

El Sistema Nacional Anticorrupción estará encabezado por un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información, del Consejo de la Judicatura e incluso un Comité de Participación Ciudadana.