Sus 82 años de edad y la falta de evidencia contundente que la incrimine, salvaron a Rosa del Carmen Verduzco de ir a prisión por los presuntos abusos que bajo su administración se cometieron en contra de menores de edad, en el albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán.
El sábado pasado, cuatro días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) la presentó públicamente con nombre completo y fotografía como la cabeza de un albergue en el que supuestamente se secuestraba y explotaba a niños, Verduzco quedó libre bajo reservas de ley.
Autoridades ministeriales con conocimiento de la investigación, señalaron a 24 Horas que el Ministerio Público federal valoró que la administradora del albergue, también conocida como “Mama Rosa” o “La Jefa”, no tenía control suficiente sobre lo que sucedía en La Gran Familia, debido a su edad avanzada y consecuente deterioro de salud.
“No se ha procedido contra ella tras valorarse su condición física y mental, pero las investigaciones están en curso. No se ha establecido que sea inocente o culpable, está lejos de ser un caso cerrado”, dijo un funcionario consultado por este diario.
En los tres días posteriores a la intervención en el albergue no se reunieron las pruebas suficientes que permitieran, de momento, consignar al menos un expediente en contra de “Mamá Rosa”, indicaron funcionarios ministeriales.
En los testimonios que la PGR presentó de algunas de las víctimas rescatadas, se narran abusos sexuales y maltratos, pero en todos ellos se responsabiliza a empleados de La Gran Familia y no hay una acusación directa en contra de Verduzco.
El viernes pasado, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia, viajó a Michoacán para recabar directamente la declaración ministerial de Verduzco, la cual quedó asentada en la averiguación previa a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
El subprocurador dijo que se había localizado en el albergue a cinco menores de edad que de acuerdo con el mismo número de denuncias, estaban privadas de su libertad en el albergue controlado por Verduzco.
Los funcionarios de la PGR también señalaron que los menores eran obligados a pedir limosna, siempre bajo conocimiento de “Verduzco y empleados del lugar”.
Recaba juez declaraciones
Desde ayer un juez federal en Nayarit recaba las declaraciones de seis trabajadores del albergue La Gran Familia que fueron consignados por la PGR, acusados de haber participado en los múltiples abusos y explotación cometida en contra de menores internados.
A más tardar el martes el juez responsable definirá si existen elementos de prueba o no para someter a juicio a los empleados, identificados como Felipe Serrano, Enrique Hernández, Lourdes Verduzco, David Verduzco, Miguel Ángel Ibarra Valencia y Vicente Félix Mayorga.
Algunas de las acusaciones más graves son en contra de Hernández, apodado “El Cito”, quien supuestamente abusó sexualmente de varios niños.
