Desde el inicio del sexenio, el personal de las dependencias ha sido víctima de despidos injustificados sin recibir una liquidación conforme a la ley, las renuncias forzadas, la violación a los derechos adquiridos de los trabajadores, la falta de estabilidad laboral, la pérdida de prestaciones tan elementales como la Seguridad Social que ahora deben pagar los trabajadores de su salario al ISSSTEP para recibir los servicios médicos, la disminución injustificada del salario, la aplicación de descuentos en forma arbitraria, el hostigamiento, el aumento de la jornada de trabajo sin pago de tiempo extra y sobre todo la persecución política para obligar al personal a votar por los candidatos de los Partidos que conformaron la Alianza ha sido una constante que tiene al personal debatiéndose entre la inconformidad y la desesperación.
Incluso personas de mandos inferiores, que en su vida han participado como activistas o militantes de algún partido o ni siquiera han manifestado su preferencia electoral, sufrieron la pérdida de su empleo sin saber ni por qué, ni las causas del mismo; quienes se han atrevido a demandar o reclamar una indemnización, se han enfrentado a la burocracia y tortuguismo que priva en el Tribunal de Arbitraje del Estado o de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde sus expedientes duermen el sueño de los justos.
Muchos han sido los damnificados por todas esas situaciones, pero no sólo los trabajadores lo han padecido.
Si analizamos, otros grupos de la sociedad civil como los periodistas, transportistas, dueños de verificentros y Notarios Públicos, que antes eran considerados como intocables, hoy también son víctimas de diferentes actos del poder gubernamental, desde las reformas a la ley del Notariado del Estado, que les privó de varios beneficios que tenían como contar con un Notario suplente, además de un auxiliar y de heredar las patentes notariales a alguno de sus hijos, hasta la bursatilización del Registro Público de la Propiedad, que ha trajo como consecuencia, además del aumento en el cobro de los servicios, el surgimiento de prácticas burocráticas en los tramites que sólo tienen como objetivo cobrar más dinero por los “servicios” que prestan y que tienen al borde de la desesperación a los titulares de las Notarías de todo el Estado; por una parte por la lentitud de los tramites y por otra, por los abusos en los cobros que aplican los responsables de atender el registro de las escrituras, sin que siquiera puedan quejarse, ya que corren el riesgo de que su trámite se retrase más o peor aún, que sus clientes presenten una queja en su contra por el retardo en la entrega de sus instrumentos notariales.
Pero nadie ha sido capaz de hacer algo al respecto, el Colegio de Notarios no actúa para proteger a sus miembros, ni para velar por los derechos del público, que a final de cuentas son quienes se ven afectados por la burocracia que prevalece en el Registro Público de la Propiedad, salvo el caso del grupo de Notarios beneficiados por el Gobierno, cuyos trámites se efectúan sin demora y que han visto crecer su patrimonio en estos años por el número de escrituras y tramites que llegan a sus manos.
Quienes no forman parte de este selecto grupo e incluso pesa sobre ellos la amenaza de la pérdida de su patente notarial, deben soportar todas estas arbitrariedades sin chistar, por eso sostengo que, en la actual gestión gubernamental, los notarios también lloran.
