Esto no debe sorprender a nadie pues la descomposición social en el país inició hace 30 años, con la aplicación de una política económica degradante que ha venido a descomponer el tejido social de México, a incrementar la corrupción, la delincuencia, la criminalidad, etcétera.

El documento que reporta lo anterior no lo hicieron empresas encuestadoras comerciales, sino que en el estudio participaron investigadores del Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Estudios Superiores, instituciones de educación superior de gran prestigio y seriedad.

El 19 por ciento confía en los partidos políticos y el 17 por ciento en los diputados; el 40 por ciento no cree en que los cuerpos de seguridad sirvan para eso, para dar seguridad a los ciudadanos. Sólo el 3.3 por ciento confía en los jueces; el 4.4 en la Policía y el 75 por ciento dijo no tener a alguien a quien recurrir para que le ayude en caso de que se cometa con él una injusticia. El 60 por ciento dice que las leyes se respetan poco o nada y también el 60 por ciento no denuncia los delitos, por esa desconfianza que hay en el sistema de justicia mexicano.

La situación que el estudio revela es sumamente grave. El mismo presidente del INE, Córdova Vianello, dijo que los resultados del informe en muchos sentidos son alarmantes y para enfrentar esa realidad, debe haber una verdadera revolución cultural.

“Ha llegado el momento de pasar de proyectos cortoplacistas y fijarnos objetivos de aquí a 25 años” dijo. Hizo un llamado a construir la primera política del Estado mexicano en materia de educación cívica.

Lo que estamos viviendo es sumamente grave y lo peor es que los políticos de todos los partidos, no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta de la situación y por lo tanto, no hacen nada para remediarla, y la descomposición social que ya tiene serias repercusiones en la confianza a las instituciones de la República y hasta entre los mismos ciudadanos, sigue avanzando.

Nadie, ningún partido de centro, derecha o izquierda, ha propuesto seriamente el cambio de modelo económico. El neoliberalismo es depredador y beneficia sólo a las minorías económicamente poderosas. Los países europeos se derrumbaron por esa política injusta y clasista y nosotros no podemos salir del hoyo en que nos encontramos, porque importantes funcionarios y hasta presidentes de la República, obedecen los lineamientos que les da el gobierno de los Estados Unidos, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

EL DIPUTADO LOCAL PRIISTA, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presentó ante los diputados del Congreso del estado una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 110 fracción XV, a fin de dar atribuciones a los 217 ayuntamientos para promover, proteger y garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos.

Además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se cometan contra éstos.

Para ello, deberán crearse unidades administrativas en las sindicaturas que tendrán a su cargo este trabajo. Serán el enlace entre los municipios y las comisiones de derechos humanos, estatal y nacional.

Muy buena la idea de involucrar a las autoridades municipales en esta tarea de proteger los derechos humanos, aunque muchas de las violaciones a dichos derechos, las cometen precisamente las autoridades municipales.

Vemos muy complicado que se pueda llevar a cabo este proyecto, si se tiene en cuenta que en la entidad poblana hay siete municipios con menos de mil habitantes, 12 con más de mil y menos de 2 mil, y 20 con más de 2 mil y menos de 3 mil.

¿Quiénes van a formar, en esos municipios, las unidades administrativas de las sindicaturas para efectuar el trabajo que esto implica? ¿En esos municipios tan pequeños, habrá gente capaz de realizar esa tarea?

Como Roma no se hizo en un día, habría que pensar en aplicar la propuesta, si se aprueba pues la presenta un diputado del PRI que es minoritario en el Congreso, en los 10 principales municipios de la entidad e ir avanzando poco a poco, con los medianos analizar, y si es posible hacerlo en municipios pequeños.

Ojalá y los diputados locales quisieran analizar y discutir esa propuesta, que está interesante, para evitar que sea una ley más que no se cumpla por no existir las condiciones, y que haga crecer el porcentaje de ciudadanos que no creen en la justicia, en la aplicación de las leyes, en los partidos políticos y en los diputados, que sólo gozan de 17 por ciento de credibilidad.

MARCELO GARCÍA ALMAGUER, un joven regiomontano ampliamente conocido en Puebla por la labor de comunicación que ha venido desarrollando desde el pasado gobierno estatal hasta la fecha, con bastante éxito por cierto, fue nombrado por el reelecto presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, el director de Comunicación de ese partido a nivel nacional.

Marcelo fue el comunicador de Rafael Moreno Valle desde que fue candidato a gobernador, luego se hizo cargo de PueblaTV, más tarde pasó a ser encargado de prensa en la campaña de Antonio Gali Fayad para la presidencia municipal y solicitó un permiso hace unos meses, para hacerse cargo de la comunicación en la campaña de Gustavo Madero.

El dirigente panista vio los resultados del trabajo de Marcelo y decidió quedarse con él en el comité nacional, donde seguramente continuará su carrera de éxitos. Enhorabuena.

Blanca Jiménez, diputada panista poblana, fue designada por el mismo dirigente de su partido para ser el enlace entre la ciudadanía y el partido.

Se trata de una de las figuras panistas de Puebla, muy escasa de figuras, que ha venido realizando un buen trabajo, al grado de que se fijaron en ella para formar parte del comité nacional del partido blanquiazul.