El actual delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Puebla, Gerardo Vázquez Alatriste, se encuentra inmiscuido en la protección a un subordinado responsable de un secuestro cuando se encontraba a cargo de la misma delegación en Jalisco, por lo que debe ser cesado inmediatamente, exigió Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.

 Esto, luego de que medios nacionales dieran a conocer la semana pasada que en 2014, un funcionario de la Procuraduría General de la República de Jalisco, Luis Felipe Molina García, aprovechaba su cargo para seleccionar y secuestrar a personas de altos recursos económicos que acudían a presentar denuncias a su oficina.

“Lo primero que el Procurador (Jesús Murillo Karam) debe hacer, lo digo con mucho respeto, es destituir al actual delegado de la PGR en Pueblaque era el delegado que estaba en el lugar donde fue secuestrado este joven (Julio Diego Velasco Muñoz). No puede ser que él (Gerardo Vázquez Alatriste) siga como delegado como si no hubiera pasado nada y esto ocurrió y él tenía conocimiento de la orden de aprehensión que existía contra el funcionario”, comentó la activista.

Según acusó, el actual delegado en la entidad poblana tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Molina García en Jalisco y que supuestamente nunca hizo nada para frenarlo.

Según lo que han difundido medios nacionales, el 9 de septiembre pasado, Julio Diego Velasco Muñoz, un joven de 23 años de una familia dedicada al mármol, acudió a las oficinas de la delegación de la Procuraduría General de la República en Guadalajara para denunciar la pérdida de su licencia de piloto, y después de 19 días, Molina García, que fue quien lo atendió durante la diligencia y que firmó su acta como testigo de asistencia, lo secuestró y luego lo ejecutó de tres balazos en la cabeza.

Ante tal hecho, Wallace urgió a la PGR hacer una limpieza y depuración de todos los delegados, porque consideró que en los estados “es donde hay más corrupción”.

Explicó que con estos hechos la ciudadanía “pierde la fe en las instituciones federales dedicadas a la procuración de justicia y por eso disminuyen las denuncias”.

Y agregó que es “una vergüenza para la institución y para nuestro país que quien debe de proteger a los ciudadanos contra los delincuentes sean los que cometan este tipo de delitos”.