La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) Puebla determinó que en el municipio de Tehuacán se han venido violentando los derechos a la seguridad personal y a la libertad de expresión, por lo que recomendó a la administración de Ernestina Fernández brindar una mejor capacitación a sus elementos policiacos, quienes son señalados de amenazar de muerte y reprimir a manifestantes.

Aunque en el documento actualizado en la página oficial del organismo, identificado con el expediente 2998/2013-I, se precisa que los abusos se cometieron durante la gestión de Eliseo Lezama, emitió dar cumplimiento a 10 puntos, entre los que destaca que se pida por escrito a los uniformados documentar las detenciones que realicen, además de someterlos a un curso sobre derechos humanos.

De igual forma, recomendó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) girar instrucciones al agente del MinisterioPúblico de Tehuacán, integrar una averiguación previa en contra de quienes resulten responsables por las agresiones en contra de un activista que realizaba protestas de forma pacífica en diversos lugares del municipio, además de dar continuidad a la misma “y en sumomento determine lo que conforme a derecho corresponda”.

El organismo estatal dio a conocer que en al menos tres ocasiones realizó la misma petición al alcalde anterior pero que siempre salió a la defensa de sus policías incumpliendo las observaciones.

“Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 2998/2013-I, esta comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la libertad de expresión, de V1”, señaló en el documento.

Violaciones recurrentes

Esta no es la primera vez que la CDH hace una recomendación al gobierno de este municipio, pues en octubre de 2013 emitió una recomendación a Lezama Prieto por abusos por parte de sus policías en contrade un grupo de migrantes.

Ciudadanos también han evidenciado ante este órgano que han recibido amenazas por parte de policías, quienes argumentando “órdenes superiores” generalmente no permiten estar en la vía pública a indigentes ni a manifestantes.