El delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Lorenzo Rivera Sosa, negó que funcionarios federales cobren más de 8 mil pesos para acceder al programa Vivienda Digna, como lo denunciaron recientemente el presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, luego de que cerca de 70 mujeres no aparecieron en la lista final de beneficiados.

Aclaró que de acuerdo con los lineamientos del programa no se contempla el cobro por ninguna cantidad a los beneficiarios de dicho programa federal, por lo que invitó al edil auxiliar a presentar las denuncias correspondientes para comprobar lo expuesto públicamente la semana pasada, cuando dijo que de una lista inicial de 230 beneficiadas, fueron excluidas alrededor de 70 por no cubrir una cuota de 8 mil 700 pesos.

En ese sentido explicó que la lista inicial puede sufrir cambios a la hora de entregar apoyos, sin embargo estas adecuaciones se hacen con base al presupuesto de la Federación y las necesidades de los habitantes, pues recordó que es un programa que forma parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre para combatir la pobreza, razón por la cual sólo se implementó en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y Azumiatla.

En torno a los señalamientos que acusan al gobierno federal de entregar los apoyos a personas que no lo necesitan, refirió que los encargados de definir el padrón de beneficiados son la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado, una vez que la Sedatu sólo realiza la aportación de recursos y se encarga de supervisar la construcción de las casas.

No obstante, informó que recientemente tuvo un acercamiento con el edil auxiliar de Canoa, en el que se comprometió a realizar una visita a la demarcación para comprobar que los beneficiados sean personas de escasos recursos como lo marcan los lineamientos federales.

Sin embargo, aclaró que en caso de no haber disposición por parte de los habitantes para llevar a cabo el programa, existe la posibilidad de que los apoyos sean reasignados a otros puntos o en su caso regresados a la Federación, quien tiene la facultad de implementarlos en otros estados de la República.