José Ignacio Herrera Castañeda, quien se desempeñaba como coordinador de gabinete de la Secretaría General de Gobierno (SGG), fue nombrado desde la semana pasada como encargado de Despacho de laComisión Ejecutiva para la Actualización, Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ), tras la renuncia de Luis Francisco Fierro Sosa en el cargo ante el retraso que registra Puebla en la implementación de los juicios orales.

Ahora está en manos del funcionario cumplir con los estándares establecidos para conseguir que opere al cien por ciento el nuevo Sistema de Justicia Penal, antes que termine el plazo –julio de 2016– que tienen todas las entidades federativas para lograr esta transición.

Aunque fuentes de la dependencia que encabeza Luis Maldonado Venegas han confirmado la designación temporal de Herrera Castañeda, hasta el cierre de esta edición la secretaría no había hecho oficial el nombramiento.

El gobernador Rafael Moreno Valle participó en la tarde del lunes en la reunión nacional del nuevo Sistema de Justicia Penal, entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador del mismo (Setec), donde evaluaron y analizaron los avances de las entidades en la implementación del sistema, a casi 500 días de que venza el plazo establecido.

Al cierre del año pasado, la entidad apenas llevaba44.86 por ciento de cumplimiento de los estándares establecidos, ya que debió haber alcanzado 730 puntos, pero únicamente consiguió 327.5, según una evaluación que realizó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) con lo que la entidad se ubicó en el lugar 14 en cumplimiento delrankingnacional.

En entrevistas pasadas, el propio mandatario ha asegurado que Puebla va en el camino correcto en la implementación de los juicios orales.

El lunes de esta semana, la secretaria Técnica del Consejo Coordinador del mismo (Setec), María de los Ángeles Fromow Rangel, anunció la creación de un Plan Estratégico de Infraestructura con el fin de lograr realizar obras necesarias, así como el fideicomiso de los 5 mil millones para todas las entidades para operar el nuevo sistema penal en todo el territorio nacional.