La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó a Puebla en el uso de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2013, principalmente por el subejercicio del fondo, la falta de transparencia y por no cumplir con las metas establecidas en los programas de Prioridad Nacional (PPN) en materia de seguridad pública. Además de que el gobierno del estado tiene que aclarar el uso de 127.8 millones de pesos de los 291.3 que recibió del FASP en 2013.

El dictamen de la ASF generó 16 observaciones en contra del gobierno del estado, de las cuales 11 fueron solventadas y de las cinco restantes se generaron dos recomendaciones, una solicitud y dos pliegos de observaciones.

De acuerdo con el dictamen de la auditoría, el gobierno de Puebla sólo ejerció 77.5 millones de los 291.3 millones de pesos que recibió en 2013 como parte de este subsidio federal, lo que representa el 26.6 por ciento, es decir, existió un subejercicio del 73.4 por ciento.

En la revisión de agosto de 2014, la entidad reportó un subejercicio del 40 por ciento, pues de los 291.3 millones que también fueron asignados el año anterior, sólo se habían gastado 175.6 millones de pesos, lo que representa el 60 por ciento.

La ASF presumió un posible daño al erario federal por un monto de 7.1 millones de pesos, más los rendimientos generados, luego de que el gobierno del estado utilizó este monto para la aplicación de 2 mil 768 evaluaciones de control y confianza a policías auxiliares que no son parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que durante la auditoría reintegró ese monto a la cuenta específica del FASP sin ejercer los recursos.

Lo mismo ocurrió con un presunto daño a Hacienda Pública federal por un monto de 115 mil pesos en gastos para cursos y capacitaciones, de los cuales 28 mil pesos fueron utilizados para un curso de investigación de criminalística que fue impartido en 2012 e ingresado a los gastos de 2013. Mientras que los 87 mil pesos restantes fueron reingresados a la cuenta del FASP porque los cursos impartidos no contaban con la validación de la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Justicia penal, equipamiento y comunicaciones con mayor subejercicio

Los subejercicios más importantes fueron detectados en la ministración de recursos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la red nacional de telecomunicaciones y el Fortalecimiento de las Instituciones de  Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, que forman parte del Programa con Prioridad Nacional.

Para la implementación del nuevo modelo de justicia penal se presupuestaron 15 millones 416 mil pesos, sin embargo en 2013 sólo se ejercieron 456 mil pesos, lo que representa menos del 5 por ciento del monto presupuestado.

Para la Red Nacional de Telecomunicaciones se destinaron 26.9 millones de pesos del FASP, sin embargo en 2013 y hasta agosto de 2014 no se había ejercido algo de este recurso para el rubro.

En el caso del Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia se asignó un presupuesto modificado de 92.5 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 17.4 millones en todo 2013 y 34.2 millones de pesos hasta agosto de 2014.

Para el corte de julio de 2014, el gobierno del estado había realizado reasignaciones del 9 por ciento del FASP que obtuvo ese año, lo que representa alrededor de 29 millones de pesos.

Reprueba ASF transparencia en el uso de los recursos

Uno de los puntos peor calificados por la ASF fue la transparencia con la que el gobierno del estado dio a conocer el destino de los recursos que obtuvo del FASP, pues si bien cumplió con la entrega de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta no coincidió con los registros contables del gobierno del estado; no se detalló obra por obra o acción por acción y no se transparentó a través de los portales de transparencia para el acceso a la ciudadanía.

“Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, la información no se presentó con la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora”, indica el dictamen.

Impacto y eficiencia de los recursos ejercidos

Los aspectos mejor calificados por la ASF fue uso del recurso para la evaluación del personal a través de los exámenes de control y confianza, pues hasta 2013 reportó un avance del 98 por ciento del total de elementos de Seguridad que forman parte del gobierno del estado.

De igual forma, reportó una reducción en los tiempos de respuesta a comparación de 2012 cuando el promedio era de 14 minutos con 39 segundos, pero que para 2013 bajó a 14 minutos 23 segundos, casi tres minutos menos que el promedio nacional.

En cuanto al porcentaje de número de llamadas falsas, hubo un aumento en 2013 a comparación de 2012, pues el porcentaje de llamadas reales en 2012 fue de 32.5 por ciento, sin embargo para el año siguiente bajó a 25.7, lo que significa que tres de cada cuatro llamadas ese año fueron bromas.