El caso de Sebastián Préstamo Rivera se tambalea una vez que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entraron en contradicciones pues mientras que la dependencia a cargo de Víctor Carrancá aseguró que los dos cómplices de Edson N —quienes acuchillaron al estudiante del Tecnológico de Monterrey— ya estaban  identificados y se había girado la orden de aprehensión en su contra, el magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, mencionó que no han emitido alguna orden.

Ayer en entrevista, el presidente del TSJ, dijo que aunque la PGJ los tiene identificados como responsables del homicidio, aún no existen elementos suficientes para girar la orden.

Flores Toledano informó que hasta el momento sólo se ha girado una orden de aprehensión en contra de Edson “N”, compañero de la víctima en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey Puebla que planeó el secuestro para pedir un rescate de 15 millones de pesos a su familia, después de que sus dos cómplices lo privaran de la vida.

"Por lo pronto sólo hay una y cuando existan más elementos y de ser procedente estaremos girando las subsecuentes órdenes de aprehensión", afirmó el presidente del TSJ en torno al caso.

Edson, de 17 años de edad, se encuentra detenido por la PGJ y podría alcanzar una pena máxima de 7años en una prisión especial por tratarse de un menor de edad, por lo que será ingresado al Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes.

De acuerdo con la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), Edson planeó el secuestro y solicitó el apoyo de dos cómplices menores de edad, originarios de Xalapa, uno de ellos su primo, por lo que el pasado 6 de febrero efectuaron el plagio y después de apuñalarlo abandonaron el cuerpo de Préstamo Rivera en la Curva Z de la autopista a Veracruz.

Se presume que el vehículo Mercedes Benz último modelo que recibió Préstamo Rivera como regalo de cumpleaños fue el gancho para que los secuestradores seleccionaran a su víctima dada la solvencia económica de la familia, a quien le exigieron el pago de 15 millones de pesos por el rescate, pese a que el estudiante ya había sido asesinado.