La historia oscura de Oscar Aguilar

Fraudes, reventas de viviendas y falta de comprobación de recursos, son algunas de las “cualidades” del nuevo secretario de la Fundación Colosio

Efraín Núñez Calderón

Óscar Aguilar González, director del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), llegó a la Secretaría General de la Fundación Colosio envuelto en dos escándalos por fraude que derivaron en una denuncia por este delito ante la Fiscalía Anticorrupción, misma que fue ratificada el pasado 20 de noviembre, según lo reveló Abraham González, representante de colonos del Fraccionamiento Gobernadores, que fueron timados por el funcionario marinista.

Por si esto fuera poco, a más de dos años de haberse registrado la tragedia por el paso del huracán Stan en la Sierra Norte de Puebla, Aguilar González no termina de justificar la aplicación de los más de 80 millones de pesos que la Federación mandó al estado para el apoyo a los damnificados.

Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) revelaron a este diario que ante el anuncio del propio óscar Aguilar, en el sentido de que dejará su cargo en la dependencia el próximo año, se han dado a la tarea de recabar la información que documenta el cúmulo de irregularidades, por lo que aseguran que habrá sanciones en su contra por la gravedad de los casos.

En entrevista con Cambio, Abraham González, representante de un grupo de al menos 20 defraudados por Óscar Aguilar —los cuales adquirieron con el IPV viviendas en el fraccionamiento Gobernadores de las que aún no son propietarios a pesar de haber pagado sumas altas por éstas—, señaló que hasta el momento la dependencia no les ha dado las escrituras de sus viviendas.

La falta de escrituración de la mayor parte de las casas entregadas por el IPV desde 1998 es una de las razones fundamentales de la investigación que la Sedesol le sigue a Aguilar González.

Ante las advertencias de la dependencia federal, Óscar Aguilar se ha dado a la tarea de intentar regularizar los predios de unidades habitacionales como el fraccionamiento Gobernadores, en el cual, se entregaron casas a no beneficiarios de los programas, además de que se revenden los predios una vez entregados, entre otras irregularidades.

Al respecto, Abraham González, reveló que personal del IPV está intimidando a los vecinos de Gobernadores y en los últimos días le pusieron sellos a dos casas argumentando que éstas no son ocupadas sólo porque los habitantes no se encontraban en el momento de la revisión:

“Les quieren quitar las casas a los damnificados del sismo. No sabemos si quieren recuperar casas o ingresos. Llegan 10:00 u 11:00 de la noche a poner sellos, a cerrar casas, a cambiar chapas en viviendas donde realmente vive la gente. Un vecino que salió este fin de semana regresó y su casa la encontró con chapas (…) El personal de la dependencia se ampara con un contrato de comodato.”

La falta de escrituración en Gobernadores se extiende a la totalidad de las casas, incluyendo a los que han demostrado ser los dueños legítimos: “Les prometieron —a los dueños legítimos— que si tenían al corriente sus pagos o si terminaban de pagar en cierto tiempo los iban a tomar en cuenta para la escrituración, pero hasta ahora no se ha sabido nada.”

González manifestó que el grupo de inconformes que representa, ya se presentó a ratificar la denuncia que presentaron en contra de Óscar Aguilar por el incumplimiento a los acuerdos para la adquisición de sus viviendas. Hay que decir, que según los afectados Óscar Aguilar ha intentado en repetidas ocasiones archivar dicha denuncia, que a pesar de las contundentes evidencias, no ha tenido repercusión alguna:

“Nos llegaron citatorios de que si no ratificábamos la denuncia la iban a archivar. Esto fue hace como tres semanas. Tuvimos cita en la Fiscalía Anticorrupción para ratificar la demanda y evitar que se fuera al archivo. El 20 de noviembre fue ratificada”, dijo.

En su opinión, Óscar Aguilar no debería de ser tomado en cuenta para ocupar otro cargo público o partidista en función del historial que ostenta y de que no ha cumplido hasta la fecha con los pendientes añejos con que carga el IPV.

Los antecedentes

La más reciente de las evidencias publicadas en Cambio respecto del actuar fraudulento de Óscar Aguilar, fue la venta de casas del fraccionamiento Gobernadores a no beneficiarios de los programas del organismo. A pesar de que desde 1998 se encuentra trabado el proceso de escrituración de las viviendas entregadas por el IPV, el funcionario vende a no beneficiarios las casas que ya fueron entregadas a los verdaderos beneficiarios.

El 17 de septiembre este diario dio cuenta de los documentos sobre el cúmulo de irregularidades que el funcionario marinista sigue cometiendo protegido por la justicia poblana. Y es que el 14 de septiembre pasado, la vivienda ubicada en la calle Patricio Furlong número 16, manzana 38, lote 22 del fraccionamiento, perteneciente a Gabriela Martínez López, fue invadida por una nueva familia.

El argumento de los nuevos habitantes fue que son beneficiarios del IPV y que tomaron posesión de la vivienda una semana antes, a pesar que desde 2003 hicieron la petición para acceder a una casa de interés social.

Más aún, Aguilar González se valió de prestanombres para realizar estas anomalías. Entre estas personas se encuentra Myriam Martínez, vecina de Gobernadores quien, a decir de los vecinos, argumenta tener relación directa con el titular del IPV, y Flor Iveth Oropeza, quien según estas versiones, es funcionaria del organismo y fue precisamente ella quien ordenó la invasión del domicilio citado.

Una de las evidencias más contundentes es el listado de la Secretaría de Desarrollo Social federal de principios de esta década en la que aparece como beneficiaria María Guadalupe Velasco Jiménez. No obstante, en el último padrón del IPV para la escrituración de las casas del fraccionamiento, no fue tomada en cuenta a pesar de haber pagado el valor total de la casa, contando con los comprobantes correspondientes, así como con la carta de asignación de su vivienda.

La noche en que fue despojada de su vivienda, la afectada acudió a levantar una denuncia al Ministerio Público en donde se negaron a tomarle la declaración bajo el argumento de que era muy tarde para poder realizar una inspección domiciliaria.

El caso IPV provocó una
crisis con la Federación

En abril pasado, los escándalos del IPV propiciaron una crisis entre el Gobierno del estado y el Gobierno federal, instancia que advirtió que rompería relaciones con el marinismo si no se tomaban cartas en el asunto.

El 23 de abril Antonio López Espinosa, director general adjunto de Operación de Programas en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la dependencia, hizo el amague, asegurando que Óscar Aguilar tenía un plazo de un mes para justifica la aplicación de la totalidad de los recursos que la Federación envió como apoyo a los damnificados por el huracán Stan.

En entrevista con este rotativo, el funcionario federal destapó la cloaca originada por el conjunto de irregularidades registradas en el IPV desde 1998, fecha desde la cual se han entregado contratos para la construcción de viviendas a personas que no pertenecen a los padrones de beneficiarios.

Sin embargo, las anomalías más fuertes corresponden a los recursos de Stan, situación por la que la Secretaría de Desarrollo Social federal puede iniciar una investigación por peculado, desviación de recursos y fraude contra Aguilar González, en caso de que no comprobara la aplicación de los montos antes del 30 de mayo.

López Espinosa aclaró que en caso de darse el rompimiento, la Sedesol se coordinará directamente con los alcaldes de los 217 municipios de la entidad para la entrega de los recursos de los programas relacionados con la vivienda.

Días atrás se había dado ya el rompimiento entre la delegación en Puebla de la Sedesol y el IPV, con el anuncio de Pedro Plaza Montaño, entonces delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social, quien en entrevista dio a conocer que la dependencia tomó la decisión por el cúmulo de irregularidades registradas en cuanto a la entrega de los apoyos de la federación a los damnificados del huracán Stan.

Por su parte, Myriam Arabián Couttolenc, coordinadora de Delegaciones Federales de Sedesol, advirtió al Gobierno marinista que, a pesar de los ataques en su contra, seguirá denunciando si existen más irregularidades por la entrega de apoyos a damnificados.

En entrevista con Cambio, la funcionaria federal dijo desinteresarle que el Gobierno de Mario Marín señale que sus acusaciones contra el Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) tienen un interés político-electoral, ya que existen evidencias fehacientes de que el material no fue entregado.

Suman casi 200 millones
los fraudes de Óscar Aguilar

En julio pasado, Cambio publicó que Óscar Aguilar habría acumulado una suma de casi 200 millones de pesos con la venta fraudulenta del 70 por ciento de más de cinco mil casas que debió entregar a los beneficiarios de sus programas desde 1998, según denunciaron fuentes del Gobierno del estado, así como personas defraudadas por el funcionario.

Como consta en la denuncia 1904/2006 de la Agencia Especializada Anticorrupción por daño patrimonial, Aguilar González, a través de la figura del comodato, ha ido vendiendo a particulares —no beneficiarios del IPV— la mayor parte de las casas que la oficina debió otorgar mediante un proceso de selección a personas de escasos recursos.

En ese momento, las personas afectadas —quienes pidieron no ser mencionados por miedo a represalias— denunciaron que con sus influencias en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Aguilar González ha intentado archivar la denuncia, no obstante, los quejosos han obtenido amparos por parte de la justicia federal para evitarlo:

“Él ha hecho contratos que le dice de comodato, pero en una cláusula maneja la venta de la casa. Está vendiendo de los programas Viva 98 y Viva 99 —el antecedente del programa Tu Casa—. Él dice que es un comodato, que está prestándolas, pero la normatividad no le permite realizar ningún tipo de contratos de este tipo”, explicó uno de los afectados.