El soborno, cosa común en servicios en Puebla

Asegura el vocero de Transparencia Mexicana

Dice Eduardo Bohórquez que tratar de soslayar los resultados de Transparencia “es volverse insensible a la experiencia de los ciudadanos respecto los servicios que les proporciona el gobierno”

Efraín Núñez Calderón

Los servicios públicos en Puebla tienen costo adicional: un soborno. Por ello, Transparencia Mexicana colocó a la entidad como la cuarta más corrupta del país, reconoció Eduardo Bohórquez, director de la firma, quien aprovechó para jalarle las orejas a la administración marinista: “Tratar de soslayar los resultados de Transparencia es volverse insensible a la experiencia de los ciudadanos respecto los servicios que les proporciona el gobierno.”

En entrevista con Cambio, el ejecutivo confirmó los resultados desastrosos para Puebla en materia de corrupción y le sugirió al Gobierno marinista que más que discutir sobre la validez o invalidez del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de su empresa, debe convertir en prioridad lo que es “prioridad para los poblanos”.

Más aún, Bohórquez destacó que los resultados negativos en esta prueba implican que se ha perdido el liderazgo político en las instituciones, así como que existen deficiencias en los servicios que brindan los tres niveles de Gobierno.

No es todo, desmintió al contralor estatal Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien en días pasados señaló que la corrupción también es fomentada por los ciudadanos, tratando de minimizar con su argumento esta problemática, asegurando que se trata de un asunto “cultural”.

Y es que para el director de Transparencia Mexicana es un “error analítico” suponer que alguna de las partes que participan en un soborno —ciudadano y servidor público— es preponderante sobre la otra. En ese sentido, subrayó que hay entidades como Colima, Guanajuato y Michoacán que en los últimos años han mejorado la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos: “No es un problema cultural, la población reacciona a instituciones que funcionan mejor o más deficientemente”.

Peor aún, a diferencia de lo que opinan empresarios ligados al Gobierno estatal, los analistas de riesgo financiero sí basan sus estudios en los resultados publicados por Transparencia antes de invertir en las entidades. De hecho en estos datos también se basa el Índice de Competitividad por entidad federativa:

“Las personas declaran haber dado una mordida. La prueba mide la frecuencia en que los ciudadanos declaran haber dado un pago irregular, una mordida, soborno para acceder a una lista de servicios públicos que otorga la Federación, los estados, los municipios y los concesionarios (…) La pregunta no es la validez e invalidez de la prueba de Transparencia Mexicana, sino lo que viven los hogares en Puebla; ser insensibles a lo que viven los ciudadanos en Puebla sería una tragedia. Poner un costo adicional al acceso a los servicios públicos en Puebla, en México, en Aguascalientes, es algo que no podemos soslayar.”

Manifestó que los gobiernos deben mostrar liderazgo y creatividad para convertir en políticas públicas la información publicada: “Hay entidades que toman los 35 puntos que mide la prueba como oportunidades de mejora, forman comunidades de trabajo… hay quienes no lo hacen.”

El índice pudo

haber sido peor

Eduardo Bohórquez, manifestó que según los resultados de la prueba de cada 10 interacciones entre gobierno y sociedad, al menos en una hubo que pagar mordida. Sin embargo, advierte la posibilidad de que haya actos de corrupción que no hayan sido evidenciados por los ciudadanos por miedo a represalias:

“Transparencia Mexicana no califica, esta información proviene de los jefes del hogar de Puebla. Quienes evalúan los servicios públicos son los habitantes. Nuestro trabajo es realizar un diagnóstico, son ellos los que hablan sobre sus experiencias (…) Lo que preguntamos no es sobre su percepción, sino sobre su experiencia (…) Es posible que muchas denuncias no se hagan por miedo a represalias.”

Insistió en su argumento de que hay que tener cuidado con el análisis de los resultados al asegurar que no hay nada “malo” en los poblanos, quienes tenderán a corromperse si ven que no existe otra forma para poder obtener un servicio o una respuesta de sus autoridades.

En ese sentido, subrayó que el ciudadano puede llegar a sentirse “doblemente ofendido” cuando las autoridades prometen que la realización de un trámite es sencillo y rápido, sin embargo, al llegar son presa del soborno para que se agilice el resultado:

“Hay que moverse con mucho cuidado con ese nivel de análisis. A los servidores los rige la ley de responsabilidades y los obliga no solamente a evitar que sus decisiones se vean afectadas por un soborno, sino también a denunciarlo en caso de que lo conozcan. Habría que ver si los funcionarios cumplen con las dos situaciones. Tengo la hipótesis de que ningún servidor público ha denunciado a otro funcionario o un ciudadano que haya ofrecido un soborno.”

Otros estados mejoraron
en los últimos años

El director de Transparencia Mexicana destacó que con voluntad de parte de las autoridades y otros sectores de la sociedad como la iniciativa privada, otros estados han logrado mejorar sus índices en los últimos años.

El mejor ejemplo de esta determinación ha sido Colima, quien ocupa el primer lugar en el índice de Corrupción y Buen Gobierno a pesar de que en 2003 tuvo una caída estrepitosa por el cambio de gobernador en menos de un año.

En su opinión, lo anterior es una muestra de que la corrupción no es un asunto cultural. De hecho, Puebla en el pasado reciente también fue un ejemplo de mejoría al pasar del último lugar en 2003 al lugar 25 en 2005:

“Los índices se pueden corregir cuando hay políticas efectivas y acciones para cambiar el servicio prestado. Puebla pasó del 18.0 al 10.9 en nuestro índice en tan sólo dos años en 2005, esto demuestra que se pueden corregir los índices a corto plazo cuando hay determinación política, coordinación del enfoque. Hubo una mejora del 80 por ciento (…) Colima registró una caída dramática, tres gobernadores en menos de un año, entre 2003 y 2005. Colima fue la mejor entidad del país en 2001, cae en 2003 más de 10 lugares y recupera para ubicarse en el primer lugar. Esto no es cultural (…) Aguascalientes mejoró en dos años. Guanajuato tuvo una caída muy fuerte en 2001 y luego se recuperó.”

Cuando se compara a Puebla con el estado mejor ubicado en materia de corrupción llama la atención la incidencia de sobornos entre ambas entidades. Y es que mientras Colima registra apenas 3.1, en Puebla la frecuencia aumenta casi cuatro veces.

Aunque acepta que en algunos casos la experiencia de los ciudadanos se relaciona con acontecimientos políticos, en el caso de Puebla descarta que el escándalo Marín-Cacho haya determinado las respuestas de los entrevistados:

“Este caso no afecta porque la reputación de gobernador es diferente a la experiencia de los ciudadanos en su relación con el gobierno. Puede haber una mala fama de un funcionario, pero lo que se mide es la experiencia. No medimos la reputación de los gobernantes.”

Los inversionistas sí
consultan estos índices

Aunque empresarios como Charles Mtanous, líder de Canacintra Puebla y Gabriel Huerta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), minimizaron los resultados publicados por Transparencia Mexicana, argumentando que mide factores subjetivos, Eduardo Bohórquez revira señalando que los analistas de riesgo sí toman en cuenta sus resultados:

“Los analistas de riesgo financiero, de inversión en el mundo, utilizan índices de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional como un factor para tomar decisiones para invertir. Hay quienes toman decisiones con relación a esto.” Pero no sólo eso, en Transparencia Mexicana se basa el Índice de Competitividad por entidad federativa, por lo que la falta de inversiones en Puebla puede tener alguna relación con estos datos: “Los empresarios pueden ver en esta prueba qué tan robusta es una entidad. No sé si afecta la inversión, pero éste es un instrumento tomado en cuenta para tomar decisiones”, indicó.