“Somos Zetas”, dicen los sicarios detenidos

El juez Alberto Miranda Guerra detalla sobre la declaración de los asegurados en Tlapanalá

El juez penal detalló que será hasta hoy miércoles a las seis de la tarde con 45 minutos que venza el término constitucional de 144 horas para que les sea confirmado el auto de formal prisión

Edmundo Velázquez

Los ocho detenidos en Tlapanalá son Zetas, confirmó el juez cuarto de lo penal Alberto Miranda Guerra. En su declaración, dentro del proceso 973/2008, los sicarios confirmaron trabajar como parte del grupo armado ligado al Cártel del Golfo.

El juez penal detalló en rueda de prensa que será hasta hoy miércoles a las seis de la tarde con 45 minutos que venza el término constitucional de 144 horas para que les sea confirmado el auto de formal prisión. Tras fijarlo, también se informará si se declarará incompetente para llevar el caso y exigirá el traslado del proceso a algún juzgado federal.

“Los inculpados han rendido su declaración preparatoria en el sentido de ratificar sus declaraciones ministeriales, parte de la cual ellos confiesan haber cometido el delito por el cual se les procesa… que es secuestro, homicidio en grado de tentativa y el delito de delincuencia organizada”, detalló Miranda.

—¿Confesaron pertenecer a un grupo armado?— se le preguntó en la conferencia de prensa.

—Así es, al grupo de los Zetas— admitió a bocajarro el juez.

—¿Ya lo amenazaron?— insistió un reportero.

—No. Espero lo que sea en Dios. Estamos preparados por cualquier cosa— aseguró Miranda.

En las declaraciones, de acuerdo a lo mencionado por el juez, no se especifican puntualmente los tiempos en que operaban los Zetas en Puebla, pero sí se advierte que ya habían participado en otros delitos como secuestro. Sin embargo, Miranda evitó dar más detalles porque dijo “no tener conocimiento”.

Por el momento el juez cuarto mencionó que se han pedido informes de antecedentes a otros estados del país, los cuales no han tenido aún respuesta.

Además, el togado detalló que cuatro de los sicarios tienen como representantes legales a defensores sociales asignados por la Procuraduría del Ciudadano, mientras que los otros cuatro tienen abogados contratados por cuenta propia.

En cuanto a la estrategia de defensa, Miranda mencionó que hasta el momento los abogados se han mantenido ofreciendo pruebas centradas en la versión del herido José Vargas Rosas, quien desde que fue hospitalizado rindió su declaración.

“Como pruebas a su favor el defensor de oficio está ofreciendo interrogatorios al agraviado. Ya fueron citados y se está tratando de dar con su paradero. Obviamente el agraviado presenta lesiones de consideración”, mencionó el titular del Juzgado Cuarto.

Debido a que no entra en su jurisdicción, el juez Cuarto de lo Penal dijo desconocer si la Procuraduría General de Justicia había pedido a las autoridades federales la atracción del caso:

“No tenemos conocimiento de alguna situación de ese tipo. Desconozco las actividades realizadas por la Procuraduría. (…) La Procuraduría dio vista al Ministerio Público federal pero hasta este momento no ha ejercido la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República para esos asuntos.”

El juez llevó a cabo una rueda de prensa rápida, mientras que en el salón de Juicios Sumarios, donde se llevó a cabo el evento, estuvo escoltado por policías estatales, quienes las 24 horas se mantienen en el Cereso de San Miguel desde que llegó el convoy con los ocho sujetos en resguardo.

—¿En caso de un auto de formal prisión podrán ser trasladados a un penal de máxima seguridad?

—En su momento se dirá. No podemos dar información respecto a ello. Obviamente por seguridad.

—¿Ha pensado en declararse incompetente?

—Estamos analizando esa situación. Y en el momento en que se resuelva la situación jurídica será que se les dé a conocer a los interesados.

—¿Se quedarán en Puebla?

—Eso obedecerá en el sentido de que se dicte el auto de término constitucional y sobre la competencia del fuero común y si bien se resuelve sobre competencia federal. Hasta que se cumpla el plazo de 144 horas.

Poco después de la pregunta por las amenazas a su persona, el juez Miranda dio por terminados sus comentarios, se levantó, salió de la sala de Juicios Sumarios y abandonó el Cereso de San Miguel aún con la cara que le dejó la presión de los reporteros, pero con el resguardo de policías estatales.

Procuraduría del Ciudadano les asigna defensa

Los detenidos que están en manos de representantes de la Procuraduría del Ciudadano, según datos de la misma dependencia son cinco, a pesar de lo mencionado por el juez Cuarto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra.

Entre ellos se encuentran:

Rodolfo Espinosa o Ernesto González Hernández alias “El Popo”.
Aurelio Xolo Gazcón o Javier Ríos Ponciano alias “El Congo”.
José Gregorio Loera Ramírez o Gerardo González Ramírez alias “El Gordo”.
Mario Antonio Ramírez Tovar o Isaac Méndez, alias “El Munra”.
Juan Martín Salazar Molina o Juan Salazar Martínez o Gerardo Sánchez Martínez, alias “El Llorón” o “Juanillo el Llorón”.

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