CDH promueve queja ante la SCJN por Ley de Transparencia


La semana pasada, Bullén Navarro rompió con sus lazos marinistas al quejarse por la reforma en transparencia


Increíblemente, la presidenta de la CDH poblana acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad por la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Selene Ríos Andraca

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La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, a través de su titular Marcia Martiza Bullén Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impuesta por la mayoría priista el pasado 17 de julio.


Trascendió que Bullén Navarro hizo caso al llamado de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip) que le pidió el pasado 7 de agosto interponer la acción de inconstitucionalidad por la reforma a la Ley de Transparencia.


El pasado 7 de agosto, la Comaip remitió un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR), diputados de Puebla y a la Comisión de Derechos Humanos para que el máximo tribunal de justicia corrija los errores constitucionales que contiene la ley recién reformada.


Los argumentos de la Comaip son básicamente tres: la falta de autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), ya que es el único órgano garante en el país que carece de independencia de gestión, operación, administración y patrimonio.


En la reforma recién impuesta por los 26 diputados priistas se constituyó a la CAIP como un “órgano especializado”, figura jurídica que no existe en la legislación local, por lo cual la CAIP carece de carácter jurídico.


Otra de las quejas de la Comaip es que la CAIP es hoy el único organismo garante que no tiene competencia en los municipios de la entidad, contrario a lo que marca el artículo sexto constitucional modificado por el Congreso de la Unión en julio de 2007.


Y es que los diputados priistas de Puebla olvidaron ampliarle las facultades a la CAIP para que conozca de los recursos de revisión de los 217 ayuntamientos y de los poderes Legislativo y Judicial.


Y la tercera queja fue el empate de plazos que marca la nueva ley, ya que en las modificaciones redujeron el plazo de 15 a 10 días hábiles para la respuesta, pero otorgaron 10 días más para la entrega de información, mismos días que tiene el solicitante para presentar su recurso de revisión.


Fuentes de la CDH confiaron a Cambio que fue la semana pasada cuando la nueva defensora de los derechos humanos presentó la acción de inconstitucionalidad, rompiendo los esquemas de los marinistas y de los propios diputados que la eligieron presidenta de la Comisión el pasado 24 de julio.

 

 

 

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