Admite Corte recurso contra el 'gasolinazo'

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de diputados para impugnar el aumento a las gasolinas y el diesel.

Fernando Franco González-Salas notificó ayer la admisión de la demanda promovida el jueves pasado por 170 legisladores, la mayoría del PRD, PT y Convergencia, pero también algunos de Alternativa, Nueva Alianza y el PRI.

El ministro emplazó a juicio al Congreso y al Poder Ejecutivo, en su calidad de promulgador de la reforma que en este caso fue aplicada a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El llamado "gasolinazo" consiste en un aumento gradual de unos dos centavos mensuales en el precio del combustible durante 2008, recursos que serán canalizados a los estados que no aplican un tributo local a la venta del producto.

La Corte no tiene plazo para resolver el juicio, aunque es difícil que tarde menos de seis meses. Durante ese periodo, el aumento seguirá aplicándose en los términos previstos por la Ley del IEPS.

Debido a las reglas que imperan en materias de acción de inconstitucionalidad, incluso si la Corte declara inconstitucional el aumento, tendría pocos efectos prácticos.

Lo anterior porque las sentencias que dicta el máximo tribunal en este tipo de litigios no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal; es decir, no sería posible devolver o anular los cobros aplicados con base en la reforma legal.

Para invalidar los artículos transitorios de la Ley del IEPS que prevén los aumentos, será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros de la Corte.

Al presentar la demanda, el diputado perredista Juan Guerra dijo que algunos elementos del impuesto fueron dejados al criterio de la Secretaría de Hacienda, lo que lo haría inconstitucional.

También consideró que el aumento de la gasolina implicará incrementos de precios de productos básicos, lo que según los quejosos, "viola los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Para promover una demanda de este tipo se requieren al menos 166 de los 500 diputados. Cuatro de los 170 que la firmaron, votaron en su momento a favor de la ley que ahora impugnan.