Con críticas, priistas arropan a Villeda


El caso del cura pederasta, la muerte del espía Hugo Zárate y el torturado, reventaron los nervios de la mujer de hierro


El tema más tocado durante la cuarta comparecencia de la titular de la PGJ fue el asesinato de Ricardo Ramírez, quien murió torturado en los separos de la dependencia. Pero el montaje priista cayó, pues lo único que hubo fueron fuertes cuestionamientos, pero ni una respuesta en concreto.


Selene Ríos Andraca


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La bancada priista en el Congreso local le dio caballazo a los panistas y sus integrantes se disfrazaron de los más críticos en la comparecencia de la procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, como una forma de evitar los cuestionamientos reales del asesinato de Ricardo Ramírez Rodríguez.


El más histriónico fue Luis Alberto Arriaga Lila, quien se molestó con Villeda Martínez porque no se acercó a los familiares del empresario muerto supuestamente por tortura en los separos de la Procuraduría General de Justicia. Pero el montaje priista quedó al descubierto una vez que la funcionaria no respondió a ningún cuestionamiento fuerte y el priista ni siquiera reclamó.


En su cuarta comparecencia ante el Poder Legislativo y por primera vez, Blanca Laura Villeda sintió la furia del priismo y no escapó a los punzantes cuestionamientos de Acción Nacional, el sol azteca, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.


La procuradora de hierro fue vencida por sus propios temores y sin más, amenazó a la panista Leonor Popócatl con ser la próxima víctima de judiciales, aunque no existiera una orden de aprehensión en su contra.


Los temas que más sacudieron a Villeda y que incluso la obligaron a tartamudear fueron la supuesta tortura de Ricardo Ramírez, la ineficacia de la dependencia para aprehender al cura pederasta Nicolás Aguilar Rivera y su papel en la detención y violación de los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.


Como nunca, Blanca Laura Villeda lució nerviosa y temerosa, ni siquiera en los oscuros días de 2006, cuando se dio a conocer la grabación entre Mario Marín y Kamel Nacif sobre el polémico “coscorrón” a Lydia Cacho. Es más, ni siquiera se le vio así cuando el ministro Juan Silva Meza dio a conocer a mediados de junio del año pasado el dictamen que la señalaba como responsable de la violación a las garantías individuales que sufrió la autora de Los Demonios del Edén.


Los trascendidos del enroque en el gabinete marinista, sin lugar a dudas, la incluyen. El mensaje lo recibió ayer por la mañana antes de arribar al palacio legislativo cuando leyó la nota principal de Intolerancia Diario: “Doña Blanca, con la soga al cuello”.


El primero en sacarla de sus casillas fue el diputado sui géneris, José Manuel Pérez Vega, alias Pepe Momoxpan, quien en ningún momento soltó el tema de Lydia Cacho Ribeiro, ella trastabilló y evadió responderle.


La diputada convergente Carolina O’Farril pasó inadvertida hasta para sí misma.


El perredista Melitón Lozano Pérez la cuestionó sobre la ineficiencia de la Procuraduría para aprehender al cura más famoso de Puebla: Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de 86 menores tanto en México como en Estados Unidos.


En su comparecencia del año pasado, Villeda Martínez aseguró que su dependencia había pactado con las Procuradurías vecinas —Veracruz, Morelos, Guerrero y Chiapas— para aprehender a Nicolás Aguilar, asimismo comentó que tenía contacto directo con la Policía Internacional (Interpol) para aprehenderlo.
Días posteriores, La Jornada de Oriente evidenció la mentira de Villeda, ya que ninguna Procuraduría tenía conocimiento del convenio presumido por la funcionaria marinista.


Ayer, Villeda apeló a su prudencia y se limitó a decir que Nicolás Aguilar se encuentra boletinado en todos los Ministerios Públicos del estado y que el paradero del pederasta son meras especulaciones.


A pregunta expresa del diputado de Nueva Alianza, Gustavo Espinosa Vázquez, sobre los avances de la Procuraduría en el combate a la delincuencia, Villeda Martínez exigió más recursos para la dependencia que aún preside.


“Hemos hecho más con el mismo presupuesto. Son muchas nuestras estrategias para combatir a la delincuencia. Pero si contáramos con más recursos podríamos estar mejor y eso les corresponde a ustedes señores diputados que son responsables de la distribución del presupuesto que me asignan en la Ley de Egresos (…) Algunas veces los fondos federales no nos llegan, aunque Puebla y Colima son los estados que deberían de resguardar, por ser los más seguros del país (…) La delincuencia sí tiene recursos, espero que no nos rebase.”

 

El montaje priista


Los cuestionamientos del PRI enmudecieron a los panistas que no fueron capaces de confrontar a la funcionaria marinista.


Los tres temas fundamentales del tricolor para arropar con críticas a Villeda fueron: el caso del torturado, la falta de claridad en la ejecución de Hugo Zárate Álvarez, director de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación, y la discriminación que sufre la comunidad indígena cuando se enfrentan a los Ministerios Públicos.


Del caso del supuesto torturado, Arriaga Lila preguntó si la procuradora estaba en la PGJ cuando llegó el occiso; qué hizo cuando se enteró de la muerte; por qué no se realizó la necroscopia inmediatamente; cuántos detenidos se han muerto en los últimos tres años en las instalaciones de la dependencia y si se acercó a la familia de la víctima para explicarles la razón de la muerte.


De las preguntas del priista, Villeda solamente respondió a la última y ahí fue donde quedó evidenciado el montaje priista, ya que Arriaga en su réplica no exigió las respuestas ni reclamó que la funcionaria lo haya ignorado olímpicamente.


La funcionaria reiteró que la familia del occiso soltó a los medios la versión de la tortura cuando ningún especialista había dictaminado la causa de muerte.


Lo único que lamentó Arriaga fue que la Procuraduría carezca de agentes del Ministerio Público especiales para atender a la comunidad indígena que no habla español —pregunta que por cierto elaboró la priista Josefina García Hernández—: “Lamento que nadie atienda a los indígenas en su propia lengua”.

 

El talón de Aquiles de Villeda


Tanto el PRI como PAN y Nueva Alianza abanderaron el tema del torturado para cuestionar a la procuradora.


Gustavo Espinosa reclamó si el hecho de ser delincuente le retira a la persona su calidad de ser humano, a lo que Villeda respondió: “Se ha especulado por la versión que dio el propio hermano del difunto, ellos salieron a los medios a decir que había muerto por tortura cuando ningún médico les dio el dictamen. Los expertos del Tribunal Superior de Justicia aseguraron que la muerte fue por una broncoaspiración e infarto en el miocardio.”


La perito de la familia de Ricardo Ramírez, prosiguió la procuradora, refirió que la muerte del mencionado se debió a un sofosicamiento “término que no había escuchado nunca en mi vida, pero que estoy segura que la jurista de la familia lo explicará en su momento”.

 

La amenaza de Villeda


La panista Leonor Popócatl preguntó si era posible que los judiciales capturaran a una persona sin una orden aprehensión. Villeda Martínez le respondió que sí era posible y fue ahí cuando soltó la amenaza contra la legisladora: “Y usted puede ser la siguiente, son tres las formas que se nos permite aprehender a las personas en flagrancia, en cuasiflagrancia y con la orden respectiva”.


En su réplica, Popócatl dijo: “¿Debo tomar su comentario como amenaza o cómo advertencia? ¿Mi familia y yo tenemos que cuidarnos?”


Nuevamente nerviosa, Villeda se disculpó un par de ocasiones y argumentó que ella no había amenazado a nadie, sino que le había dicho a la legisladora que ella podría sorprender a un delincuente en flagrancia.
Otro reclamo de la panista, fue que el encargado de prensa de la PGJ, Juan Carlos López Rojas, estuviera repartiendo entre la fuente política los antecedentes penales del torturado.


López Rojas entregó un resumen de las seis averiguaciones previas del occiso, mismas que fueron dadas a conocer un día antes en conferencia de prensa: 3129/2002/OTE por el delito de amenazas. La PGJ no dio más detalles; 3135/2002/OTE por robo a comercio. A Ramírez se le involucra en el robo de mil 900 pesos en una cervecería de Santa Bárbara; 3298/2002/OTE por robo a comercio. En un robo similar, Ramírez aparece como inculpado por el robo de 300 pesos en un establecimiento de bebidas alcohólicas; 590/2004/OTE por daño en propiedad ajena y amenazas; 87/2001/EH por homicidio. En ella se identifica a Ramírez como uno de los homicidas de Armando Reinoso Vega, quien murió a golpes en una trifulca; 180/2008/SUR por el delito de robo a casa habitación. La cual derivó en su detención con las irregularidades que provocaron el escándalo. La procuradora también ofreció copia del reporte que estuvo a disposición del juzgado calificador en el 2002, donde Ramírez había sido asegurado por “faltas administrativas y escándalo”.


Fue condenado a cumplir una pena de dos años con un mes de prisión por el delito de robo dentro del proceso número 71/2003 del Juzgado Quinto de lo Penal de esta capital, en el que se le concedió el beneficio de la conmutación de la pena.

 


 
 
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